Conoce esta organización civil que brinda acompañamiento a víctimas de temas como las desapariciones forzadas, la tortura, o cuando se comenten casos de ejecuciones extra judiciales.
Ireli Vázquez / Ciudad de México
Hace 8 años en México un grupo de abogados creó la organización civil Litigio Estratégico en Derechos Humanos i(dh)eas, que como bien lo dice su nombre, su propósito es llevar de forma especializada un litigio estratégico de casos de violaciones graves a derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Acompañando a aquellas víctimas de temas como las desapariciones forzadas, la tortura, o cuando se comenten casos de ejecuciones extra judiciales.
Esto quiere decir que intentan transformar las estructuras de impunidad y de injusticia, «a partir de la presentación de casos y causas que se conviertan en situaciones que transformen leyes, patrones, actitudes, formas y procedimientos que generan la impunidad en nuestro país», explicó en entrevista Juan Carlos Gutiérrez, director general de i(dh)eas.
«Las familias acuden a nosotros, cualquier familia puede contactarnos y nosotros en la medida de nuestras capacidades podemos brindar asesoría y asistencia jurídica. […] I(dh)eas no cobra por el acompañamiento jurídico, nosotros recibimos alguna financiación de embajadas para realizar nuestro trabajo, nos apoya por ejemplo la Embajada de los Piases Bajos, nos apoya la Unión Europea, la Embajada de Alemania, no recibimos fondos de ningún gobierno de ningún tipo, no tenemos fondos del gobierno federal, ni ayuda en ese sentido», agregó.
El comienzo
Al día de hoy, en México siguen sin ser localizadas casi noventa mil personas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO), sólo 4 de cada 10 personas han conseguido ser localizadas tras haberse puesto su denuncia por desaparición, del resto, el 6.6% son localizadas sin vida. Aunque en un principio la impunidad de las leyes de nuestro país fue lo que orilló a estos abogados a comenzar con el apoyo a los familiares de víctimas de desaparición, ahora sus estrategias de litigio se modificaron, pues la violencia que sufren las niñas y mujeres es preocupante en nuestro país.
«La cifra sigue aumentando, especialmente en esa relación de la desaparición que refiere a situaciones como las violencias estructurales que se vive en nuestro país, por ejemplo, lo que se vive en Michoacán, una lucha de cárteles, de grupos de la delincuencia organizada, sin presencia real del Estado, o una presencia activa, eso genera desplazamientos forzados de personas y generan desapariciones. Por otro lado, también estamos acompañando un fenómeno terrible que es la desaparición de las niñas y las jóvenes mujeres, en el Estado de México, la Ciudad de México o Guerrero, donde traemos una necesidad de revisar, ¿por qué se están llevando a las niñas?, ¿qué es lo que está pasando?, ¿cuáles son las causas de este fenómeno en las que muchas veces vemos que las niñas o las jóvenes menores de 18 años son desaparecidas?, […] el Estado mexicano no ha podido dar respuesta a eso y hemos insistido en analizar las casusas estructurales de eso», comentó Gutiérrez.
¿La aplicación de leyes es la correcta?
En nuestro país existen instancias gubernamentales que apoyan a la ciudadanía para conocer la verdad y pedir justicia por sus familiares y sobre todo velar por los derechos, pero entonces ¿qué pasa cuando esas instituciones a las que toda la ciudadanía tiene acceso por ley, son las que fallan y violentan a las víctimas?
«Aquí sí es importante esto, el Estado mexicano ha creado comisiones de atención a víctimas, la Comisión Federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas y las Comisiones Estatales, estas comisiones deberían de ser las que brinden la asistencia jurídica. No lo están haciendo, o si lo hacen, no lo están haciendo de forma efectiva, por eso muchas denuncias de la falta de capacidad, de la falta de profesionalismo de estos abogados. Nosotros somos un equipo de no más de diez personas entonces tenemos más de sesenta casos y tenemos más, en total de víctimas que acompañamos, son aproximadamente 400 personas de los núcleos familiares, y del impacto que tiene i(dh)eas, es un impacto muy poco en comparación a la capacidad de pudiera tener la Comisión de Atención a Víctimas, entonces ahí si valdría la pena abrir el debate sobre qué está haciendo el Estado para brindar la asesoría jurídica constitucional que las víctimas merecen.»
Entre 2000 y 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró un total de 130 mil 318 expedientes de queja por la presunta violación de derechos humanos, según informes de la Investigación: «La violación de los derechos humanos en México 2000-2018: algunas características y tendencias a la luz de las estadísticas de la CNDH», elaborada por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
De este análisis, se desprende que la violación de los derechos humanos en México es una práctica recurrente, sistemática y generalizada, en la que participan servidores públicos de los tres niveles de gobierno y autoridades tanto civiles, como militares. Sin embargo, este estudio sólo abarca 18 años, ¿y qué pasa con los casos anteriores?
«Uno de los temas más lacerantes fue lo que sucedió en México con lo que se llamó la Guerra sucia, cada 2 de octubre estamos conmemorando las masacres que se comenten y las desapariciones, pero hay un tema y es que no hay nadie condenado por esos hechos, en México hay una impunidad estructural lacerante en la cual ninguna persona está condenada por las desapariciones forzadas del pasado y esas situaciones de impunidad, son las que han permitido que hoy tengamos una cifra de noventa mil personas desaparecidas porque no hay ninguna acción del Estado respecto a castigar fenómenos tan grabes.
»Nosotros no somos enemigos de ellos, nosotros tratamos de hacer puentes, barreras de construcción, capacidades jurídicas de la sociedad civil que permitan que avancemos en la construcción de una política pública, desde aquí nosotros podemos lograr un avance que permita que los funcionarios públicos cuando hay voluntad institucional podamos transformar conjuntamente a esa realidad social tan difícil y lacerantes como las desapariciones o la tortura», concluyó Juan Carlos Gutiérrez.