La PFP o la Policía del DF sí puede entrar a la UNAM: investigador del INACIPE

  • Se necesita conocer qué personas están involucradas, qué conductas delictivas cometieron y a qué fuero pertenecen para saber cuál será el ámbito de consecuencia y acción

Por Perla Velázquez
@perli_s
CIUDAD DE MÉXICO, México, 01/05/13, (N22).- El tema de fondo en el caso de la Universidad es la mencionada autonomía de la institución,
en donde se confunde autonomía financiera y administrativa para evaluar sus
planes y programas de estudio con independencia para que no puedan entrar
fuerzas armadas. Esto es completamente erróneo, aseguró en entrevista el
investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Israel
Alvarado.
Después de tener ocupada por doce
días las instalaciones de la torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), esta mañana los jóvenes desalojaron el inmueble y aclararon
que no fue la expulsión de sus compañeros del CCH Naucalpan el motivo de la
toma, sino la imposición de la reforma de los doce puntos y la negativa de las
autoridades para darles solución.
Ante la toma de la rectoría, el
investigador del INACIPE comentó que la UNAM es una institución como cualquier
otra en donde en casos de desorden puede entrar la policía o las fuerzas
armadas o quien resulte competente. Sin embargo, desde años atrás se han confundido
los hechos.  
“La autonomía de la Universidad no
les da para prohibir que entre la autoridad. No hay ninguna autoridad en el
país que pueda prohibir, per se, que otra autoridad haga sus funciones. Cualquier
institución es susceptible de permitir la entrada a las instalaciones y sobre
todo cuando se trata de públicas o privadas. Para hacer cumplir la ley, por
supuesto que la policía puede entrar”, explicó el investigador.
No obstante, Alvarado recalcó que
la legislación penal establece que durante el proceso de investigación -después
de que se presentan las demandas a la PGR- se pueden tomar cierto tipo de
medidas de protección hacia las víctimas. Es decir, cuando la víctima es una
institución no se puede ordenar un desalojo, porque es competencia de otra
autoridad completamente distinta y no de la PGR.
“¿Quién si lo podría hacer? Se podría
pedir apoyo a la Policía Federal o a la policía del Distrito Federal. Ellos sí
tienen facultades para intervenir, pero no lo PGR en términos penales. Las
autoridades competentes sí podían ingresar a las instalaciones y detener a las
personas, pero una detención con fines penales”, confirmó el doctor.

¿Cómo se sancionaría a los jóvenes?

El pasado 19 de abril alrededor
de 15 jóvenes encapuchados entraron a una parte de la torre de Rectoría luego
de destrozar los cristales laterales del edificio. Ese día los estudiantes, que
luchan por una educación gratuita que no atienda a los intereses de
neoliberales, afirmaron que la toma duraría sólo el fin de semana, pero no fue
hasta el 1 de mayo que abandonaron las instalaciones.
Por su parte, las autoridades de
la máxima casa de estudios emitieron un comunicado en el que se repudió la
violencia en la que habían incurrido algunos estudiantes, entre los que
figuraban expulsados del CCH Naucalpan. También aclararon que ya se había
levantado una demanda ante la Procuraduría General de la República contra quien
o quienes resultaran responsables del daño.
Israel Alvarado dijo que en el
caso de la UNAM, la institución no está obligada a denunciar conductas
delictivas específicas, es decir, “no están obligados a denunciar una lesión,
un daño en propiedad ajena, etcétera, lo único que se denuncia son los hechos”. 
En ese sentido la UNAM declaró que se tomaron las instalaciones y sólo a eso se
delimitaba la denuncia. “Es obligación de la procuraduría clasificar las
conductas y dar juicio de los hechos. Se investiga con la línea que traza la
PGR.”
El 24 de abril se dio a conocer
por parte del abogado general de la Universidad, Luis Raúl González, que no cederían
ante exigencias exaltadas mediante la violencia, pues un día anterior se
difundieron fotografías en donde los jóvenes estaban haciendo una fogata debajo
de uno de los murales de Siqueiros.
Para Olga Orive, directora de
Icomos México, estos actos resultaron “una afectación directa y terrible en
contra de nuestro patrimonio cultural. En este sentido el daño sí puede ser
causante de una pena importante con respecto a la PGR. En cuanto al hecho de
ser un daño al patrimonio mundial, si bien lo es, es un daño por el cual UNESCO
difícilmente haría una denuncia, no los hace normalmente”, dijo para la Agencia
N22.
Aclaró que la UNESCO se limita
únicamente si es muy grande la afectación y actúa al enviar una misión reactiva
para ver los daños que causaron. Sin embargo, por estos hechos la UNAM decidió
ratificar la denuncia ante la PGR y entregaron un comunicado a los encapuchados
en donde comunicaban que se había solicitado “al Ministerio Público actuar en
contra de algunos de quienes han sido identificados como participantes en los
hechos del 19 de abril y por la posible sustracción de bienes universitarios”.
El investigador del INACIPE manifestó
que se deben de diferenciar dos cosas: “hay personas involucradas que son mayores
de edad y menores de edad. En el primer caso lo que resulta procedente es que
tienen que investigar con las pruebas que les han ofrecido o sin ellas, siempre
y cuando exista una claridad de que los hechos sí ocurrieron”.
Dentro de la indagación que corre
a cargo de la PGR, ésta debe de hacerse en diversas factores. Por ejemplo: los
nombres de las personas que incurrieron en los delitos, cómo
sucedieron y qué personas se encuentran involucradas. Al tener conocimiento de
estas cuestiones  lo que procede es
delimitar competencias.
“En principio se presumió que los
delitos que se están cometiendo son del fuero federal, pero podría ser que no,
porque hay una serie de conducta delictiva que no son del fuero federal sino
del común y le convendrían a la procuraduría de Justicia del Distrito Federal
atacar el caso”, explicó Israel Alvarado.
En el segundo caso, si se trata
de menores de edad, independiente de que sean delitos del orden federal o
delitos del fuero común, le corresponde la investigación y el ejercicio de la
acción penal a la procuraduría del DF. Cuando son actos cometidos por menores de edad se remiten a esta dependencia para que una vez
que encuentra qué personas son responsables se les consigne ante los tribunales
locales.
“Es una situación un tanto
compleja porque podrían derivarse varias acciones de esta investigación:
delimitar qué personas se encuentran involucradas, qué conductas delictivas son
las que presumiblemente se han cometido y a qué fuero pertenecen para saber
cuál es el ámbito de consecuencia y acción”, finalizó el investigador del
INACIPE, Israel Alvarado.
El desalojo
Durante la madrugada de este uno
de mayo varios jóvenes salieron en pequeños grupos de la torre. Los ocupantes, quienes siempre mantuvieron el rostro tapado por precaución, retiraron por la
mañana algunas mantas y carteles que habían colocado en el exterior.
El rector de la UNAM, José Narro
Robles, estableció durante una conferencia de prensa esta tarde que “en ningún
momento se ha tratado de judicializar y menos de criminalizar la protesta.”
Agregó que: “lo que las autoridades universitarias, el rector, la rectoría a mi
cargo, hemos hecho es denunciar la violencia, es exigir con firmeza y respeto,
la reintegración de las instalaciones, la desocupación de la torre de rectoría
y sancionar, por supuesto, a quienes cometieron previamente a cualquier
planteamiento de orden académico, conductas que son impropias e inadecuadas de
un universitario.”
A partir del próximo 9 de mayo
comenzará el diálogo para analizar la actualización de los planes de estudio de
los Colegios de Ciencias y Humanidades. Los jóvenes dijeron que sus demandas
son legítimas y exhortaron a la comunidad a seguir las mesas. 

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