Condena a Ríos-Montt, decisión insólita en el combate a la impunidad

Por Alizbeth Mercado (@alizbeat)

CIUDAD
DE MÉXICO, México, (N22).- 

“La decisión es insólita en la historia
latinoamericana. Declarar culpable a un ex jefe de estado implica un avance muy
grande en derechos humanos de la región y en el combate a la impunidad que es
inconstante. El juicio representa un mínimo grado de justicia por lo que
sucedió en ese país, hay que recordar que el conflicto guatemalteco representó
al rededor de 300 mil muertos, el periodo más dramático se da durante el
periodo de Ríos Montt”, en opinión del doctor Nayar López, investigador de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

El ex dicatdor guatemalteco,
José Efraín Ríos Montt, fue condenado a 80 años de prisión por delitos de lesa
humanidad y genocidio a la etnia Ixil, en 1982 y 1983. Con la sentencia se
refrendará la detención domiciliaria que el ex jefe de estado ya pagaba desde
hace varios años.

En 1982, Ríos Montt
derrocó por medio de un golpe de estado
al ex presidente de Guatemala Fernando Romero Lucas García. Ese mismo año se
proclamó mandatario de la nación.

Los indígenas de la etnia
Ixil, eran para el gobierno, “enemigos del estado” por pensar que apoyaban a
los insurgentes durante el conflicto en Guatemala (1960 – 1996). La fiscalía que lleva el caso demostró que
bajo órdenes de Ríos Montt, militares asesinaron a mil 771 indígenas.

El sitio
del diario Milenio informó que la
juez Jazmín Barrios, presidenta del tribunal, aseguró que en el período en que
Ríos Montt ejerció como jefe de Estado, se asesinó a al menos el 5.5 % de la
población perteneciente a esa etnia.

«Se ha comprobado que la población civil
del grupo Ixil fue objeto de asesinatos en forma masiva por medio de masacres,
torturas, degradación de su dignidad, violaciones sexuales y desplazamientos
forzosos”, indicó el tribunal en su resolución.

Primer juicio a dictador que llega a una conclusión 

Para el investigador de la
UNAM, se trata del primer caso que llega a una conclusión. Por ejemplo, Augusto
Pinochet estuvo retenido en Londres, protegido por Margaret Thatcher, eludió la
justicia, lo cual reflejó el grado de impunidad para los militares en Chile.

“La sentencia debe sentar un
precedente de que nadie puede estar impune en cualquier país, con cualquier
escalón de responsabilidad pública. Es importante que se tome como muestra para
que termine esta época y los responsables de las masacres sean procesados en
Honduras, Salvador y la propia Guatemala”.

Por otra parte, Ríos se ha
declarado inocente y varios sectores de la población guatemalteca (la mayoría ex
militares y empresarios del Comité
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), lo secundan y pidieron eliminar la
condena.

“El hecho de que haya
personas, grupos, poderes que estaban en contra de la sentencia, son reacciones
esperables, que buscan guardar cierto orden de las cosas y son reacciones que
forman parte de cómo se instalan las doctrinas de seguridad nacional. El hecho
de que Ríos Montt sea acusado tiene que generar un proceso de esclarecimiento que
vaya más allá de su persona y se observe así cuál es el mecanismo que implementa
este tipo de planes”, abundó Ramírez.

El proceso judicial contra
Ríos comenzó desde el año 1999, cuando Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz,
condenó los actos del ex dictador. La voz de Rigoberta “representa una vertiente de la sociedad
guatemalteca, de la población indígena. Se convirtió desde un principio en una
voz dentro de los pocos espacios que tiene las comunidades, su confianza para
señalar que todos los responsables sean sometidos a juicios es importante por
su reconocimiento internacional”, explicó López.

Para Ramírez, la
participación de Menchú “al recibir el Nobel se convirtió en un foco que hizo
que la mirada internacional volteara a
mirar hacia Guatemala y se observaran cosas que no eran sencillas que salieran
por sí mismas”.

De forma paradójica, Rigoberta fue “Juez y Parte”, es decir, testigo del crimen y portavoz de los
agredidos. La idea fue deshumanizar y eliminar a la etnia Ixil, las mujeres
fueron el principal grupo vulnerado: “Decir que la voz de una mujer y una mujer
indígena fue una señal importante y ahora de cara a la sentencia revela el
papel de la mujer”, agregó la investigadora.

“Dentro del proceso, existe
otro elemento: una de las principales complicaciones que tuvo el juicio fue el
hecho de que no existían traductores y eso es algo que puede ser un espejo en
el cual México debe mirarse: los indígenas siguen al margen de los procesos de
justicia, porque no existe la voluntad de realizar los juicios en lengua
indígena”.