Insta ONU a los gobiernos defender los derechos de indígenas, comunidad LGBTI, afrodescendientes y otros grupos vulnerables para poder hacer frente a la pandemia

Las afectaciones a estos grupos vulnerables, señalan, permanecerán mucho después de que se resuelva la crisis

Ciudad de México (N22/Redacción).- En esta crisis por la pandemia mundial por el Covid-19, los sectores vulnerables de la sociedad están en mayor riesgo y ante el miedo y la desinformación, se discrimina y violenta a los más débiles. Este es un tema que ha encendido los focos rojos en la ONU, que desde Ginebra hizo un llamado mundial para que los gobiernos se comprometan con la equidad e igualdad racial en la prestación de servicios de salud y evitar así una tasa de mortandad mayor debida a la discriminación.

El 25 de abril de 2005 fue establecido el Grupo de trabajo de Expertos sobre las personas afrodescendientes, instaurado por la entonces Comisión de Derechos Humanos. Este grupo, lo integran cinco expertos independientes: Ahmed Reid (Jamaica), actual presidente-relator; Dominique Day (Estados Unidos de América), vicepresidenta; Michal Balcerzak (Polonia); Sabelo Gumedze (Sudáfrica); y Ricardo A. Sunga III (Filipinas).

Para Ahmed Reid, la discriminación estructural podría exacerbar la desigualdad en el acceso a atención y tratamiento sanitario en las personas afrodescendientes: «A pesar de las respuestas sólidas, los Estados no han reconocido los riesgos de salud específicos que enfrentan las personas afrodescendientes o cómo la discriminación racial y los prejuicios implícitos y los estereotipos raciales pueden permear las políticas». Estos problemas crecen también porque aún no se ha logrado una representación de los afrodescendientes en los altos niveles de política.

El Grupo de Trabajo, que es parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y que trabajan de manera voluntaria, han aplaudido las respuestas sólidas globales para enfrentar a la pandemia de COVID-19, pero solicitó a los gobiernos reconocer la urgencia de los derechos humanos en tiempos ordinarios y garantizar el acceso a educación, vivienda, Internet, atención médica y a las necesidades básicas en todo momento y para todas las personas.

La preocupación del Grupo de Trabajo radica en que un número desproporcionado de personas afrodescendientes trabajan en industrias de servicios y brindando asistencia sanitaria en el hogar, y viven en comunidades densamente pobladas, con problemas de inseguridad alimentaria, acceso al agua, y a menudo, carecen viviendas seguras. Todo esto son fuentes adicionales de inseguridad. Además, las personas afrodescendientes tienen una presencia desproporcionada en prisiones y campos para refugiados o desplazados sin medidas de protección y expuestas al contagio de la pandemia.

Por último, Reid asegura que «Los Estados que usan esta pandemia para suspender o revertir los derechos humanos relacionados con la acción afirmativa, el medioambiente, la salud pública, la justicia penal y la gobernanza, generalmente perjudican desproporcionadamente a las personas afrodescendientes de una manera que persistirá mucho después de que se resuelva la crisis».

Por otro lado, el Mecanismo de expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI, órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos cuyo mandato consiste en proporcionar al Consejo conocimientos especializados y asesoramiento sobre los derechos de los pueblos indígenas), ha declarado que la pandemia por el COVID-19 nos afecta a todos, pero unos grupos sufrirán más que otros y es todo un desafío más para los pueblos indígenas.

Dado a que muchos pueblos indígenas viven en regiones de difícil acceso y remotas, ya experimentaban tasas altas de riesgo para la salud, escasa atención médica aun mayor que la gente no indígena. En estos pueblos no se han cumplido cabalmente acceso a agua potable, dieta equilibrada y saneamiento básico desde antes de la crisis. Por ello, los pueblos indígenas han sido vulnerables a las pandemias: ya estaban en desventaja y el COVID-19 las exacerba.

La precarización es mayor si se considera la expropiación de sus tierras, la disputa de sus territorios y los recursos naturales, algo que, con la recesión económica de los países y la depresión mundial, harán mucho más difícil el futuro de los pueblos indígenas.

Por ello, el MEDPI ha hecho un llamado a todos los Estados para cumplir efectivamente sus obligaciones en materia de Derechos Humanos de los pueblos indígenas, cubriendo sus necesidades de salud tal y como lo recomienda la OMS, ofreciendo ayuda humanitaria sin ningún tipo de discriminación y con respeto a la identidad cultural de estos pueblos.

La gran mayoría de los pueblos indígenas pasan desapercibidos para las sociedades actuales, y al no verse reflejados en ningún medio de comunicación, no deben de ser olvidados. Los grupos indígenas además pueden estar viviendo en campos de refugiados o desplazados internos, lo que hace que la gente los visibilice menos y los coloca en coyunturas administrativas y con mayor riesgo de contraer la enfermedad. El MEDPI solicita a los Estados que se controle estrictamente los cordones sanitarios para evitar contagios en los pueblos indígenas. Así como hacerles llegar información y medidas de prevención en sus lenguas maternas y que los Estados, en alianza con los pueblos indígenas, establezcan las medidas de cuarentena más oportunas.

Esas medidas mitigarían la explotación de recursos naturales por parte de personas ajenas a las comunidades indígenas. La protección territorial es un elemento fundamental en los esfuerzos de los Estados para evitar la propagación de la enfermedad.

En América Latina, William Stigler, jefe de Comunicación de la Región de ACNUR (Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados) para las América, habla sobre las problemáticas de la región: «Hay una crisis regional que tiene impactos globales: El Salvador, Honduras y Venezuela son los tres países que tienen el mayor número solicitantes de asilo en el mundo. Así que son países que tienen impacto más allá de su región. Si consideramos tan solo a Venezuela, son 4.3 millones de venezolanos han salido del país, la mayoría está en América Latina y el Caribe. En el caso de Centroamérica, la inmigración no es solamente por factores económicos, también por persecución, por violaciones graves a sus Derechos Humanos y, concretamente, la comunidad LGTBI es una de las más afectadas. El impacto de esta crisis inmigrante afecta prácticamente a todos los países de América Latina. Lo que se ha buscado es reforzar los sistemas de asilo en los países receptores y también, atacar el problema desde raíz, trabajar en los países de origen de los migrantes, para que existan condiciones de respeto de los DDHH y que se estimule el desarrollo» dice Stigler.

Eric Mayoraz, Embajador de Suiza en México, asegura que Suiza es una de las naciones con altas contribuciones para el alto comisionado en DDHH, para ACNUR y para Comisión Internacional de la Cruz Roja: «Para nosotros, al igual que Noruega, son fundamental lo multilateral. También tenemos un trabajo de base en la raíz de la inmigración, junto con naciones como Suecia y Noruega, generamos empleos. A la gente no le gusta dejar su país si tiene una vida segura, con ingresos suficientes y vida digna. Así que nos involucramos en proyectos de desarrollo económico regional. En 2018 participamos en un proyecto entre la AMEXHI (Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos), la COSUDE (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación). Para nosotros este es uno de los puntos esenciales para el futuro. Y hemos podido hacer acciones puntuales a través de nuestras oficinas de ayuda humanitaria para aumentar las contribuciones bilaterales a los países anfitriones y a través de las agencias multilaterales.»

Por su parte, la activista salvadoreña en favor de la comunidad LGBTI en El Salvador, Bianka Rodríguez, ya había destacado que hay mucho trabajo por hacer, es muy preocupante que los Estados hayan firmado cartas con el gobierno de EEUU para declararse gobiernos seguros, cuando en ninguno de estos países se puede tener la garantía mínima de protección a los ciudadanos que no sean LGBTI: «En 2018 se han documentado 102 casos de ciudadanos de la comunidad LGBTI que han tenido que inmigrar debido a la persecución debido a su orientación sexual. De ellos, el 79% han padecido agresión de grupos delincuenciales y un 59% por agentes estatales. Implica que vivimos en la desprotección de nuestros DDHH, pero también sufrimos persecución por actores sociales y agentes estatales. En diciembre de 2018 se firmó el pacto internacional de los refugiados, que aborda cómo los Estados deberían normalizar sus políticas y regularizar sus condiciones para las personas solicitantes de la protección internacional, ya sea para asilo o refugio. En México cuando las personas LGBTI solicitan esta protección internacional, en muchos casos son negadas; y eso es lo que nos preocupa a la ONG si en nuestro país no se nos garantizan los derechos y sólo nos toca resistir, huir o morir, entonces, deberían aplicar el principio de no devolución de las personas que solicitan la protección internacional independiente si pertenecen a la comunidad LGBTI.»

Desde que comenzó la crisis por el COVI-19, los presidentes de los diez Órganos de Tratados de la ONU, han pugnado porque los líderes mundiales garanticen el respeto de los Derechos Humanos, para enfrentar la pandemia. Hilary Gbedemah, presidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y actual líder del grupo de presidentes de los comités, ha declarado que sólo se puede enfrentar a esta pandemia si las estrategias integran a todas las personas:

«A nadie se le debe negar la atención médica por un estigma o porque pertenecen a un grupo que podría estar marginado (…) Los Estados deben de tomar medidas activas para garantizar que prevalezca un sentido de solidaridad, o incluso mediante la protección contra el racismo y la xenofobia o el crecimiento del nacionalismo desenfrenado.»

Los expertos consideran que en esta crisis. las personas vulnerables a los efectos del COVID-19 son las personas mayores, personas con discapacidad, grupos minoritarios, pueblos indígenas, refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, las personas privadas de la libertad, personas sin hogar y personas que viven en la pobreza, así como las mujeres, pues muchas de ellas son las que cuidan a los familiares enfermos. Gbedemah considera que «Los Estados deben de proporcionar apoyo específico, incluyendo apoyo financiero, social y fiscal, a las personas particularmente afectadas como las que no tienen seguro médico o seguridad social.»

Los diez tratados o Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas son vinculantes, y son: el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité Contra la Tortura y su Subcomité para la prevención de la tortura, el Comité contra las desapariciones forzadas y el Comité de protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios.

Recientemente António Guterres, secretario general de la ONU ha convocado a los países ricos a que participen de un fondo económico de ayuda a las naciones pobres que permita enfrentar la pandemia, a través del documento “Compartir la responsabilidad y la solidaridad global”. El 3 de abril la delegación mexicana en Naciones Unidas, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, ha propuesto a los miembros integrantes de la ONU la resolución “Cooperación internacional para garantizar el acceso global a medicamentos, vacunas y equipos médicos para enfrentar el COVID-19”.

Imagen: UNMISS/Isaac Billy / Integrante de un equipo médico mide la temperatura de una mujer desplazada en Sudán del Sur