Las medidas de prevención deben aplicarse a toda la población sin importar su estatus migratorio
Ciudad de México (N22/Redacción).- Felipe González Morales, relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los migrantes y Maria Grazia Giammarinaro, relatora especial de la ONU sobre la trata de personas, hacen un llamado para proteger la salud y los Derechos Humanos de las personas sin importar su estatus migratorio.
Durante estas semanas de cuarentena frente a la pandemia del COVID-19, expertos de la ONU han hecho un llamado para que los Estados adopten medidas urgentes para proteger a las personas inmigrantes y víctimas de trata. Estas medidas incluyentes deben ser preventivas a la enfermedad, la aplicación de pruebas, tratamientos médicos, servicios de salud y asistencia social.
«Los Estados deberían también dar pasos hacia la regularización de las personas inmigrantes indocumentadas siempre que sea necesario, para facilitar su acceso a los servicios de salud durante la lucha contra la pandemia», dijeron.
Tanto Felipe González Morales como Maria Grazia Giammarinaro, han asegurado desde Ginebra, que: «Las medidas también deberían dar pasos hacia la regularización de las personas inmigrantes indocumentadas siempre que sea necesario, para facilitar su acceso a los servicios de salud y asistencia social».
González Morales, quien ocupa el cargo de la ONU desde junio de 2017, se muestra preocupado porque las personas inmigrantes no tengan los elementos mínimos para su protección y evitar el contagio: «Ni siquiera agua limpia para lavar sus manos. Muchas viven en albergues sobrepoblados o centros de detención sin posibilidad de mantener una distancia física. Algunas personas inmigrantes trabajan en la agricultura o en sectores informales sin ninguna medida de protección».
«Las personas que han obtenido permisos de residencia sobre la base de trata y tienen un trabajo o participan en programas de capacitación deberían estar autorizadas para obtener permisos a través de procedimientos fáciles. Dicha medida apunta a evitar la precariedad y a asegurar su pleno acceso al cuidado de salud», añadió Giammarinaro.
El experto y la experta de la ONU saludaron la decisión adoptada por algunos Estados de otorgar derechos temporales de residencia, incluyendo acceso a beneficios de salud y sociales, a personas migrantes, incluyendo solicitantes de asilo, en el contexto de la lucha contra la pandemia.
Giammarinaro, quien es jueza y desde 1991 trabaja en Europa contra la trata de personas y la explotación sexual de niñas y niños, dice que nadie debería de quedar atrás en la lucha global contra la pandemia: «Los gobiernos deben adoptar medidas que aseguren que cada persona en su territorio nacional, sin importar su estatus migratorio, sea incluida y tenga acceso a los servicios de salud para lograr una contención exitosa de la pandemia por COVID-19».
Los relatores coincidieron en que los programas de protección y asistencia para las personas inmigrantes y en situación vulnerables y víctimas, deberían ser extendidos seis meses, sobre todo aquellos que estén cerca de su fecha expiración, y que se debe poner atención en las condiciones de las instalaciones donde las personas inmigrantes son alojadas, ya que muchas de ellas son inadecuadas y están sobre pobladas, lo que resulta prácticamente imposible para establecer la distancia física mínima recomendada por la OMS. Asimismo, los residentes de estas estaciones deberán ser informados sobre la enfermedad COVID-19, tener consejos prácticos para evitar su contagio y tener acceso a agua limpia. González Morales considera que establecer estas medidas de prevención con todas las personas sin importar su estatus migratorio es necesario para contribuir a la efectividad de las medidas generales.