En la década de 1990, casi 350 mil mujeres y 25 mil hombres fueron esterilizados a través de una estrategia para reducir la tasa de natalidad en indígenas y habitantes pobres de áreas rurales del país.
Redacción / Ciudad de México
En enero del presente año la Fiscalía peruana presentó cargos contra el expresidente Alberto Fujimori —cuyo mandato presidencia ocurrió 1990 al año 2000—, sus exministros de Sanidad y otros altos cargos acusados de ser coautores de delitos de esterilizaciones forzosas en la década de 1990.
En dicha época, casi 350 mil mujeres y 25 mil hombres fueron esterilizados como parte de una estrategia para reducir la tasa de natalidad en indígenas y habitantes pobres de áreas rurales de Perú.
Aurelia Paccohuanca Florez es una víctima de la campaña de esterilizaciones forzadas. Más tarde Paccohuanca Florez se convirtió en presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco (AMAEFC) y dio su testimonio contra Fujimori en varias ocasiones.
«Ya van a ser 24 años en la lucha: ningún fiscal había sido capaz de abrir esta audiencia», declaró Paccohuanca Florez en una entrevista del diario El País, desde el distrito de Ancahuasi, en la provincia de Anta, Cusco. La dirigente se reunió con otras cuatro mujeres en Anta para escuchar en un móvil los cargos contra el expresidente, hoy preso por delitos de lesa humanidad. En Anta surgieron las primeras denuncias por esterilizaciones forzadas a fines de los años noventa, y la asociación a la que pertenecen tiene unas dos mil integrantes.
La audiencia judicial cuenta con dos intérpretes de quechua. Para Paccohuanca Florez ha sido una decisión «excelente», porque la mayor parte de las víctimas no habla español. El fiscal, citando los primeros informes de la Defensoría del Pueblo sobre las esterilizaciones forzadas, sostuvo que la denominada Política de Salud Reproductiva y Planificación Familiar de Fujimori se dirigió solo a mujeres pobres, con lengua materna indígena o monolingües, rurales o residentes en la periferia de las ciudades y sin acceso a educación.
«Nos ha alegrado que el fiscal haya puesto de su parte, él sí se ha puesto la mano al pecho. Varias veces hemos ido a la Fiscalía, a la Defensoría, al Ministerio de la Mujer, pero cuántas veces archivaron. Hemos hecho protestas en Lima y hasta he ido a Estados Unidos a presentar el caso», añade Paccohuanca, cuya lengua materna es el quechua.
En 2011, Paccohuanca relató a la BBC que en 1998 unas enfermeras llegaron a su pueblo y la trataban de convencer para esterilizarse porque ya tenía cuatro hijos. «Yo no quise y les dije que no quería. Estuve escapándome (varias semanas), pero me alcanzaron con la ambulancia y a la fuerza me subieron. Me hicieron quitar toda la ropa, tenía miedo y nervios, me puse a llorar», describió aquella vez. Luego de que la ligaron, por años sintió malestares y dolor. «En 2008 me operaron porque tenía inicios de cáncer y he perdido el útero. Nadie tomaba interés, tuve que ir a pedir apoyo a un ministro de salud para ir a un hospital», comenta.
Paccohuanca hoy pide solidaridad para la causa de miles de mujeres como ellas: «Que no se olviden de nosotros: estamos buscando justicia y reparación».
Largo recorrido
La periodista y activista María Esther Mogollón recuerda que hace 18 años llevó a la Fiscalía 74 testimonios de víctimas de esterilizaciones forzadas en Huancabamba (en las montañas de Piura) y 2 mil de Cusco. Mogollón dice que desde entonces la constante ha sido «la insensibilidad del Ejecutivo frente al caso». «Hay mucha emoción y dolor por todo lo atravesado para llegar a esta audiencia: enfermedad, lágrimas, caminatas, indignación por cada archivo y desidia de las autoridades», agregó.
Milton Campos, abogado de Demus, una de las ONG denunciantes, precisa que la Fiscalía reabrió este expediente en 2011 cumpliendo una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que respondió a la muerte, en 1998, de la campesina Mamerita Mestanza una semana después de la esterilización forzada. «En el compromiso de solución amistosa (del año 2001), el Estado peruano se comprometió a investigar de manera exhaustiva las esterilizaciones», indicó Campos.
El fiscal Espinoza denuncia ahora a Fujimori y sus tres exministros por lesiones graves en el contexto de graves violaciones de derechos humanos a mil 307 ciudadanas; y por lesiones graves seguidas de muerte de cinco mujeres, una de ellas Mestanza. Tras diez años de investigaciones, el expediente tiene 178 tomos y cerca de 80 mil folios. «Pero, además, hay 300 anexos y cada uno puede tener de 100 a 190 cuadernillos en los que hay historias clínicas u otras declaraciones», concluyó Campos.
Con información de: El País / BBC / Anadolu Agency