Los derechos humanos son también digitales y viceversa

¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos digitales? Si bien estamos familiarizados con nuestros derechos humanos, ¿sabemos lo mismo de los digitales? 

Ciudad de México (N22/Ana León).- Tenemos más de treinta años de historia desde la creación de internet y mucha más historia en el desarrollo de nuevas tecnologías, pero al parecer estamos poco familiarizados con nuestros derechos en ámbito de lo digital. La protección de datos, la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a la información, son parte de ellos y el desconocimiento de los mismos muchas veces provoca que no sepamos cuando son violados o vulnerados, ni que tomemos acciones para protegerlos. 

Semanas atrás, la reforma a la Ley de Derecho de Autor y la criminalización de  la elusión de candados digitales en el marco de la entrada en vigencia del T-MEC, vulneró, al menos, dos derechos básicos: el acceso a la información y la libertad de expresión. Organización como R3D, Artículo 19, Creative Commons México, Luchadoras, El Día Después, entre otras, demandaron la implementación de acciones de inconstitucionalidad frente a estas reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

¿Conoces tus derechos digitales? Para adentrarnos un poco más en el tema, charlamos con Alex Argüelles, parte del equipo de comunicación e incidencia de la organización, Derechos Digitales. Derechos Humanos y Tecnología en América Latina

¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos digitales?

Cuando hablamos de derechos digitales básicamente a lo que referimos es a cómo los derechos humanos pueden ejercerse a través de las tecnologías, pero además de ejercerse, cómo se amplían. Un ejemplo muy bonito que me parece clave en esto es cuando hablamos de la libertad de expresión. Cuando hablamos de la libertad de expresión a través de tecnologías o plataformas digitales, lo que estamos viendo es que la libertad de expresión no se limita a la capacidad que tú tienes a nivel individual para compartir información, sino que también se amplia a que otras personas tengan acceso a esa información que estás compartiendo. Entonces ahí, esta libertad de expresión se engarza con el acceso a la información y, además, en esta combinación, ambos derechos permiten que las personas puedan tomar mejores decisiones y ejercer así toda esta cuestión de la participación democrática en una sociedad. 

Pero, la libertad de expresión y el acceso a la información no son los únicos derechos que abordamos desde esta perspectiva digital. También está lo que sucede por ejemplo con el derecho a la privacidad, también está el derecho a poder hacer un libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tanto mujeres como personas disidentes de género o no binarias empiezan a utilizar estas plataformas también para conectarse con otras personas de su comunidad? Poco a poco vemos cómo estas diferentes formas de expresar o ejercer nuestros derechos, se van engarzando también a partir, y gracias a, ciertos servicios, plataformas y también ciertas capacidades que nos permiten las tecnologías o el ámbito digital en sí. 

¿Qué derechos digitales son derechos humanos? 

Todos los derechos humanos que se puedan ejercer en el ámbito digital son derechos digitales y entonces todos los derechos digitales son derechos humanos. O sea, no hay realmente una escisión. 

Aunque sí, por ejemplo, ha habido legislaciones que han sido más puntuales en torno a cómo se describen esos derechos digitales. No es que sean otra serie de derechos que están inventando, es  que son derechos precisados para estos entornos, pero todos parten de estas convenciones internacionales de Derechos Humanos. 

En el caso de México, por ejemplo, lo que entendemos por derechos digitales está plenamente acotado en los derechos constitucionales. 

¿Por qué es clave conocerlos? 

Eso es clave, porque justo parte de tener que hacer esta reflexión muy al interior respecto a la falta que ha habido de información en torno a cuáles son nuestros derechos en México. Y esto es bien preocupante porque pensemos, por ejemplo, ahora lo voy a bajar a mi área que es comunicación y tecnología, y tiene que ver cuando hablamos de cómo funcionan estas máquinas que usamos todos los días, nuestros celulares, las computadoras, vemos que hay un montón de infraestructuras que son invisibles para nosotras y estas infraestructuras tiene que ver con, desde cómo se comportan las máquinas a un nivel físico con todos estos circuitos y con todos estos engarces tecnológicos, pero también con el código que está embebido en estas tecnologías para que funcionen y se comuniquen entre sí y, finalmente, puedan realizar todos estos procesos que nosotras disfrutamos. 

Y más allá de eso, nos topamos también con esta otra brecha que tiene que ver con el uso de lenguajes legales muy específicos que hacen que, otra vez, estas conversaciones parezcan bien distantes a nosotras. De repente cómo es posible que una ley que está hablando de derechos de autor tenga injerencia entonces en que si yo quiero reparar mi celular o no. Ah, bueno, pues resulta que derechos de autor no sólo protege derechos de autor, sino también protege propiedad intelectual. Y  en la propiedad intelectual está inserto toda esta expresión que puede ser un equivalente a los derechos de autor pero de las industrias, para proteger su propiedad intelectual, sus patentes, sus tecnologías y demás. 

Ahora, algo que es clave también en esta discusión, es que particularmente con esta campaña de #NiCesuraNiCandados es importante darnos cuenta que, finalmente, las discusiones en torno a las políticas públicas no tendrían por qué ser tan difíciles de comprender. Y no en el sentido de que no tengamos la capacidad racional para entenderlas, sino que hay un “diseño” detrás que hace que estas cosas nos parezcan tan ajenas. Y ese diseño tiene que ver con que las personas no tengamos autonomía para decidir qué es lo que va a pasar en ciertas arenas. 

Es importante tener esa conciencia, porque eso es lo que nos va a permitir, de entrada, ser más críticas con entender cuáles son las relaciones de poder que existen detrás de que se prohíban ciertas reformas y, a la vez, cuáles son las cosas que se deberían estar promoviendo por parte de las tomadoras de decisiones, por parte de los poderes legislativos que, eventualmente, deberían tener esta “primera misión”: proteger los derechos humanos. Básicamente ése es el deber fundamental del Estado, proteger los derechos humanos y vigilar que se puedan ejercer plenamente para el desarrollo de las personas. 

Cuando vemos que a través de estos códigos, que se convierten en códigos que abren brechas, códigos que no permiten conversaciones multidisciplinarias, códigos que terminan beneficiando sólo tanto a gobiernos como a las industrias, pero pasan de largo las necesidades, incluso de la sociedad civil, nos empezamos a cuestionar cómo es que se están tomando estas decisiones o por qué no nos consultan. 

Particularmente en el caso de estas reformas en torno al T-MEC, algo que me sorprendió muchísimo fue la celeridad con la que se aprobaron y no es que este tema no sea relevante, pero desde una perspectiva tal vez muy personal, pero también humana, se me hace mucho más fundamental preocuparnos, por ejemplo,  de qué está sucediendo con la violencia de género y por qué de repente deciden quitarle presupuesto a todas estas unidades de atención a víctimas, pero ese tema se hace a un lado y de pronto se ponen a proteger industrias frente al TMEC, y lo más grave es que ni siquiera es para proteger a las industrias mexicanas. Esto es para proteger a las industrias norteamericanas, incluyendo a Canadá. 

Esto nos hace cuestionarnos, ¿los intereses de quién están defendiendo nuestros representantes?

Hace veinte años diferentes organizaciones de derechos humanos cuestionaron este mecanismo [de Notificación y Retirada] porque podía habilitar mecanismos también de censura. A través de las plataformas digitales se le puede pedir a ciertas empresas que retiren contenido que pudieran incurrir en violaciones a derechos de autor. Y esta posibilidad de violar derechos de autor se puede denunciar por dos vías: una persona identifica que cierto contenido está afectando sus derechos y notifica a la plataforma. La plataforma inmediatamente tiene que retirarlo. No tiene que comprobar si efectivamente esa persona es poseedora de los derechos de autor. También sucede que hay otros mecanismos automatizados a través de inteligencia artificial que pueden detectar ciertas similitudes con contenidos que tiene  derechos de autor y hacer esas denuncias de forma automatizada. De esta forma, se habilitan mecanismos de censura que nos hacen tener una perspectiva mucho más acotada de la realidad. No es gratuito [tomando en cuenta todos los movimientos sociales feministas de los últimos años y en defensa de los derechos de las comunidades LGBTI que se han articulado a través de redes sociales] que ahora se busque menoscabar la capacidad que las personas tienen de ejercer sus derechos a través de las plataformas digitales. 

Cuando se limita el acceso a la información, cuando se censura contenido sin un argumento legal sólido, se hace un guiño al control. 

Eso que planteas nos permite entender cómo se articulan mecanismos de control a través de las tecnologías. Más allá de las cuestiones que articula el T-MEC, pensemos, ¿qué pasa con todas estas tecnologías en el espacio público? A final del año pasado y principios de este año, vimos un fuerte despliegue en torno a tecnologías de reconocimiento facial en áreas como la Central de Abasto en la Ciudad de México, pero también en el norte del país, desde Guadalajara hasta Coahuila, incluso pasando por Nuevo León, muchísimos estados han estado apostando por estas tecnologías pensando que a mayor vigilancia va a haber más seguridad; sin embargo, no hay pruebas concluyentes respectos a esto. Pero de lo que sí tenemos pruebas es que en los países en los que se han habilitado estos mecanismos de reconocimiento facial, lo que termina sucediendo es que se ha llevado a que personas sean erróneamente encarceladas porque los algoritmos tiene  fallas y más que fallas, están programados con estos códigos que responden a los lugares en que se desarrollan. 

Por un lado, tienes esa vigilancia en el espacio público habilitada. Por otro lado, tienes ese monitoreo de lo que sucede en las plataformas digitales bajo la presunta defensa de los derechos de autor. ¿Qué sucede entonces si nosotras queremos organizar una protesta legítima, porque existe el derecho a la protesta? Y como ahora no nos podemos reunir, decidimos hacer un video y ocupar música de Rosalía, ocupar videos de Las Tesis. Ahí es posible que nos bajen los contenidos, por otro lado, nos están monitoreando porque saben que estamos haciendo ciertas cuestiones que, más allá de tener que ver con cuestiones políticas, les conviene saber qué está pasando, por qué estamos haciendo estos materiales. Tienen un pretexto para vigilarnos, no porque estamos organizando una protesta, sino porque están “protegiendo derecho de autor”. Entonces, el Estado puede estar vigilando [tomando en cuenta los datos arrojados por los programas de reconocimiento facial en espacios públicos y las fotografías y publicaciones en redes sociales] qué tan factible es que te conviertas en una actriz que le represente algún riesgo. 

Vemos casos de esta distopía futura que jamás se veía en América Latina, en Hong Kong, donde las personas han terminado eventualmente hablando de la importancia del anonimato para proteger el derecho a la privacidad. Ante estos despliegues de tecnología de vigilancia y control en todos los ámbitos de nuestra vidas, el anonimato es la herramienta que tenemos para proteger nuestro derecho a la privacidad, pero a la vez, también, nuestra integridad. Y más en un país como México que es el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo. 

Hay muchas aristas en juego. Estamos llegando muy tarde a una una conversación que las empresas, las industrias de vigilancia, de tecnologías abusivas y los gobiernos empezaron a tener desde hace bastantes años. 

Cuando hacemos estos estudios en Derechos Digitales, donde yo trabajo, podemos ver el impacto que han tenido estas tecnologías, sobre todo, en las comunidades más vulnerables. Se crea un efecto auto inhibitorio. Y, finalmente, eso nos va a hacer creer que las cosas que son legítimas, no son tan legítimas. Y de nuevo genera este sesgo de a qué derechos tenemos acceso y por qué no tenemos acceso a esos derechos. 

¿Cómo la gente puede defender estos derechos digitales y garantizar la soberanía digital? 

No hay una respuesta única, es una articulación de un montón de acciones desde varios frentes. El frente del acceso a la educación, el frente de acceso a las tecnologías, más allá del acceso a internet, que incluso es un derecho constitucional desde 2014. Es raro que de acuerdo a la Constitución tengamos derecho al acceso a internet cuando en comunidades rurales no se tiene ni acceso a electricidad. Eso habla un poco de la realidad esquizofrénica y dividida en la que vivimos que, por un lado, persigue estos intereses más afiliados al neoliberalismo y estas ideas de desarrollo capitalista brutal, cuando vemos que existe un rezago muy importante en cuanto a la atención que no se ha brindado para apoyar a las comunidades más vulnerables. Y no sólo estoy hablando de cuestiones económicas, sino de la falta de acceso a la información que nos hace vulnerables a todas. Cuando tú eres víctima de un despojo o de una violación a tus derechos, si tú no sabes cómo reportar o cómo denunciar esas violaciones, pierdes el acceso a justicia. 

Las personas que tenemos acceso a ciertos privilegios podemos también engarzarnos con otras, crear comunidades de aprendizaje, generar acciones colectivas para pugnar ciertas agendas, pero finalmente, tampoco es nuestra responsabilidad hacernos cargo de lo que es deber del Estado. Y si el Estado no está cumpliendo su obligación de defender y preservar los derechos humanos, tenemos un problema que es más grave y que tiene que ver con cómo hacemos que estas personas cumplan el deber que asumieron cuando llegaron a esas posiciones de poder, que no es sólo un poder fáctico, ese poder está remunerado por parte de los impuestos y compromisos que todas las personas hacemos para mantenerles en ese espacio. 

La invitación es que en estos temas podamos abordar la complejidad como es. Invitar a más personas a que se sumen a la conversación y, a la vez, permitir que otras más se enteren de lo que está sucediendo. Porque si no, cada seis años parece que todo se limpia y hay que empezar de nuevo, no. Cada seis años debería haber un esfuerzo por continuar proyectos que permitan el desarrollo social en diferentes niveles. 

Si no empezamos a pensar en colectivo y cómo proteger en colectivo o crear condiciones colectivas para que la mayoría de nosotras puedan tener acceso a más derechos, finalmente estamos actuando en detrimento de nuestro futuro. Toca hacernos cargo para evitar que esas prácticas tan abusivas nos lleven al baile a todos.