Por Huemanzin Rodríguez
Ciudad de México, 07/ 11/13, (N22).- Hace dos años fue exhibido en salas cinematográficas el documental Presunto culpable, producido y dirigido por Roberto Hernández y Layda Negrete. El documental ostenta el récord de audiencia como el más visto en la historia en México. Después de la proyección, varias personas comenzaron una serie de litigios contra la película, entre ellos hay tres demandas civiles por daño moral, por 3 mil millones de pesos. En el Juzgado 18º de lo Civil, los demandados tuvieron una audiencia en donde fue proyectado el documental.
“Yo creo que no se están litigando en un ambiente de normalidad o de justicia, nos está juzgando el mismo tribunal que estamos denunciando en el documental: El Tribunal Superior de Justicia del DF. Estamos consternados porque sentimos que en lugar de acoger la crítica que hacemos legítimamente, y en lugar de escuchar y formular políticas públicas para evitar que vuelva a suceder lo que le pasó a Toño (que por cierto aquí está); nos quieren callar”, comentó Roberto Hernández, co-director de Presunto culpable.
El juicio ordinario civil que enfrentan los directores y productores de este documental, así como tres empresas exhibidoras y distribuidoras, ha sido planteado por Víctor Daniel Reyes Bravo, que fue quien rindió testimonio en el juicio penal con el que se condenó a Antonio Zúñiga a 20 años de prisión por el homicidio de Juan Carlos Reyes Pacheco, testimonio que resultó falso y permitió la libertad del reo en la reposición del juicio. El testigo reclama ahora que se le indemnice el daño moral que se le ha causado el documental Presunto culpable en el que aparece su imagen.
“Pareciera que la presencia de los medios de comunicación no es bienvenida, hace dos meses hubo otra audiencia y el tribunal le dio un portazo a los medios de comunicación, alegando que, puesto que había interés público en el caso, entonces debían quedarse afuera los medios de comunicación; lo cual es completamente absurdo porque eso vulnera nuestro derecho a informar, vulnera nuestro derecho a saber y tenemos derecho a juicios públicos, sobre todo, el juicio con el que se está juzgando al documental más visto en la historia de México, debería ser completamente público”, agregó Hernández.
Otra de las demandas, planteada en el Juzgado 8º de lo Civil por un policía ministerial, quien queda en evidencia en el documental, reclama que se le indemnice el daño moral causado y además, a título de reparación material, pide una suma equivalente al 40% de la recaudación económica de Presunto culpable; alega que se ha utilizado su imagen sin su consentimiento y que su honor y buen nombre se han visto comprometidos.
De acuerdo con el director, se ha dicho que Presunto culpable es un caso aislado, “lo cual es falso, casos como el de Toño hay muchísimos. Han dicho también que el testigo que aparece en la película es menor de edad a la hora en que lo filmamos, lo cual es falso, era mayor de edad. Han dicho que no teníamos permiso para filmar a las personas que filmamos cuando en realidad el Tribunal Superior de Justicia dio la autorización, dos administraciones del Tribunal: la de Guadalupe Carrera Domínguez y la de Edgar Elías Asad autorizaron la filmación del documental.
“Para Edgar Elías Asad y el TJDF es como si la justicia se viera mal porque el documental la pinta mal injustamente, no porque de hecho está mal: Nosotros lo que creemos es que hemos demostrado con creces que la evidencia de que hay que reformar este sistema de justicia, es enorme”.
Tras cerrar el juicio en estos días, hay un período de alegatos de conclusión los abogados, muchos de ellos defienden desde hace tiempo sin cobrar a la película, y después de ello vendrá la sentencia.
A nivel nacional hay una reforma constitucional que va a permitir que en juicios penales, se rijan bajo un mismo código nacional de procedimiento penal, y ese juicio penal va a ser oral, será grabado y tendrán libre acceso los medios de comunicación. En esta ley nueva que está a cargo de formularla la Comisión de Justicia del Senado de la República, está prohibido entrar a los tribunales con cámara y armas de fuego.
13MAG