Redacción/CDMX
El 19 de octubre de 2001 fue hallada sin vida Digna Ochoa y Plácido, abogada veracruzana de 37 años, en su despacho ubicado en la colonia Roma.
Ochoa laboraba desde 1988 en el Centro Prodh en la Ciudad de México, se encargaba de casos de violaciones graves a los derechos humanos como la Masacre de Aguas Blancas, en la que 17 campesinos fueron asesinados a manos de la policía estatal de Guerrero.
Seguía de cerca el caso de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, dos campesinos ecologistas que fueron detenidos arbitrariamente y torturados por elementos del Ejército mexicano.
Ochoa recibía amenazas por ser defensora de derechos humanos y fue víctima de dos secuestros en 1999, lo que la llevó a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, pidió protección urgente al Estado mexicano, y levantó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Dicha situación la obligó a vivir temporalmente en Washington, no obstante Ochoa regresó a la Ciudad de México en marzo de 2001, sin embargo tras su muerte fue hallado un sobre que contenía notas amenazantes recopiladas por ella misma con la fecha en que las recibió, lo que mostró que el acoso e intimidación nunca se detuvo, el ultimo mensaje con fecha del 16 de octubre decía, “¿Cómo estás? ¿Pensabas que te habías librado de nosotros?”.
“El caso de Digna es particular. Ella tenía medidas cautelares antes de ser asesinada y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tenía conocimiento de su condición de riesgo. Cuando Digna es asesinada, la Comisión IDH se pronuncia y comienza a dar seguimiento al caso”, mencionó David Peña, abogado defensor y miembro del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), fueron los encargados de acompañar jurídicamente a la familia Ochoa y Plácido durante el juicio ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Peña definió el trabajo de las autoridades mexicanas como una “investigación absolutamente deficiente”, la Procuraduría General de Justicia capitalina, planteó tres líneas de investigación: la principal ahondaba en la posible autoría militar, otra la relacionaba con su actividad en defensa de campesinos y ecologistas en Guerrero en prejuicio de los intereses de los “jefes” de la región, y la ultima enfocada en su entorno familiar, social y laboral.
Las tres líneas de investigación fueron desechadas y la Procuraduría descartó la hipótesis de homicidio y determinó que fue un “suicidio simulado”.
La Corte concluyó que México violó el plazo razonable para la investigación de los hechos, con periodos extensos de inactividad del proceso judicial, en 2003 y 2007, la Procuraduría determinó que no había delito que perseguir y cerró el caso definitivamente en septiembre del 2011.
En enero de 2022, el tribunal sentenció a México por las “graves irregularidades” cometidas en la investigación, la Corte IDH encontró errores en el manejo de la escena del crimen, así como en la necropsia médico legal, afirmó que la investigación estuvo enfocada desde el principio por la aplicación de estereotipos de género y “se apeló a aspectos íntimos y personales de la defensora, todo ello con el objetivo de cuestionar su credibilidad”.
La Corte Interamericana ordenó a la Fiscalía General de la Ciudad de México la creación de una unidad especializada para el caso, “La reapertura implica regresar el expediente a homicidio y que se tiene que investigar como tal. Con esto se viene abajo la hipótesis y la construcción que se hizo en torno al supuesto suicidio de Digna”, comentó Peña. “Se trata de un acto de reivindicación de la memoria y el trabajo de Digna, de su condición como defensora de derechos humanos”.
David Peña considera que, a más de dos décadas del caso, la investigación se vería entorpecida, dificultando el acceso a la verdad y la justicia. “Hoy tenemos una investigación abierta 21 años después, pero ¿dónde vamos a encontrar testigos de hace 21 años? Ha habido voluntad de avanzar, pero desde luego que esto repercute negativamente en la calidad y la posibilidad de acceder a la justicia”.
Unos de los puntos de la sentencia de la Corte IDH ordenó al Estado mexicano a disculparse públicamente y reconocer su responsabilidad internacional en el caso.
De tal forma que este 19 de octubre, el Estado ofreció la disculpa pública en el Complejo Cultural Los Pinos.
(Con información de El País)