Aunque Colombia es el aliado más importante de los norteamericanos en contra de la cocaína, también es el país que más sufre por la guerra contra las drogas
Redacción/CDMX
Colombia es el origen de más del 90 por ciento de la cocaína incautada en los Estado Unidos, y durante décadas ha sido un socio en su guerra contra las drogas.
Pero ahora, el país sudamericano está pensando en terminar con esa guerra con un experimento: despenalizar la cocaína.
A dos semanas de asumir el gobierno, Gustavo Petro propone terminar con la prohibición y lanzar un mercado de cocaína regulado por el Estado.
Se busca implementar nuevas leyes y de alianzas con otros gobiernos de izquierda de la región, se plantea convertir al país en un laboratorio para la despenalización de la droga.
“Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado”, adelantó Petro en su toma de protesta.
Este giro, podría trastocar la relación con Estados Unidos que ha resultado lucrativa para Colombia.
Funcionarios norteamericanos han expresado su preocupación por este amago.
El 2021, la droga causó unas 25 mil muertes por sobredosis en suelo estadounidense.
Jonathan Finer, asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca aseguró que la administración Biden “no apoyan la despenalización”.
Hasta hoy, se han gastado miles de millones de dólares para financiar la estrategia de destrucción del comercio de cocaína en su punto de origen, es decir, los sembradíos de las regiones rurales de Colombia.
Más de medio siglo después que el presidente norteamericano Richard Nixon declarara que las drogas eran “el enemigo público número uno de Estados Unidos”, la producción colombiana ha alcanzado niveles récord.
Se calcula que el cultivo de coca se ha triplicado en la última década.
Por su parte, Felipe Tascón, el gurú antidrogas de Petro, afirma que los colombianos quieren aprovechar este momento inusual en el que la mayoría de los gobiernos de la región, incluidos países productores de cocaína como Perú, y Bolivia están gobernados por líderes de izquierda.
Tascón espera que la conformación de un bloque regional unificado permita renegociar convenciones internacionales de drogas en las Naciones Unidas.
A escala nacional, el gobierno de Petro planifica apoyar leyes de despenalización de la cocaína y la marihuana y así terminar con las pulverizaciones aéreas y la erradicación manual de la coca, que según los críticos, afecta a los agricultores más pobres.
Tascón argumenta que la regulación de la venta de cocaína le arrebataría el negocio a los grupos armados y los cárteles.
Pues enfatiza que los narcotraficantes saben que su negocio depende de la prohibición.
Está convencido que si regulan la droga como un mercado público, “las grandes ganancias desaparecen, al igual que los narcotraficantes”.
(Con información de The Washington Post)