Entre las demandas de los pueblos originarios de Chile, está la de crear un Estado plurinacional donde se les reconozca su autonomía y sus derechos
Redacción / Ciudad de México
El cambio de Constitución fue una de las principales demandas durante las protestas que estallaron en octubre de 2019 en Chile.
La actual Carta Magna chilena data de 1980 y, aunque fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos.
Así, en octubre de 2020 los chilenos aprobaron por una abrumadora mayoría, del casi el 80%, cambiar esta Constitución.
Y este fin de semana eligieron a los 155 representantes de la Convención Constituyente que tiene la misión de escribir el nuevo texto y que, según los resultados de la elección, estará dominada por candidatos independientes y de la oposición.
Pues con 99.91% de los votos escrutados, los independientes logran casi un tercio de los puestos (48 escaños), en unas elecciones en las que los partidos políticos tradicionales obtienen una representación muy inferior a la esperada.
La suma de los independientes con las dos grandes listas de la oposición (Apruebo Dignidad, con 28 escaños, y Lista del Apruebo, con 25) supera los dos tercios de los 155 escaños de la Convención, que contará con 17 cupos reservados para los pueblos indígenas y tendrá paridad entre hombres y mujeres, algo inédito en el mundo.
Con ese conteo, la candidatura de la derecha oficialista, respaldada por el presidente Sebastián Piñera, que se presentaron en una única lista llamada «Vamos por Chile», se queda con 37 escaños, lejos de los 52 (un tercio) necesarios para influir en el contenido de la nueva Carta Magna y vetar artículos.
¿Qué se votó?
Este 15 y 16 de mayo, los chilenos debían elegir, de entre casi 1.300 candidatos, a los 155 representantes de la Convención Constituyente, que tendrá como misión redactar una nueva Constitución.
El órgano será electo bajo un mecanismo de paridad de género único en el mundo, que garantizará un mínimo de 45% de mujeres. Esto puede configurar un ejemplo importante en la región no solo porque reconoce el derecho de las mujeres a participar en igualdad de condiciones, sino porque también representa una oportunidad para escribir una Carta Magna con enfoque de equidad. Expertos creen que la nueva Constitución chilena podría tocar temas que históricamente han quedado pendientes como la igualdad de salario, la repartición de carga de los cuidados o el acceso igualitario de las mujeres al poder.
Los pueblos indígenas, en tanto, tendrán 17 escaños reservados. Entre las demandas de los pueblos originarios de Chile está la de crear un Estado plurinacional. Además, plantean la necesidad de contar con garantías en términos territoriales y el reconocimiento de su cultura y su lengua, entre otras cosas.
La asamblea contará con 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por 3 meses más en una sola oportunidad. Luego, a mediados de 2022, los chilenos se someterán a un nuevo plebiscito de salida para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional propuesto.
Además de las elecciones de constituyentes, Chile también votó por alcaldes y concejales para las 346 comunas que integran el país y, por primera vez desde el retorno a la democracia, los ciudadanos elegirán a gobernadores para sus 16 regiones.
La jornada electoral genera fuerte expectación en el país liderado por el presidente Sebastián Piñera. El apoyo a las distintas fuerzas políticas, el nivel de participación y el funcionamiento del método electoral paritario inédito en el mundo son algunas de las claves que marcarán la jornada.
¿Por qué debe importarle a América Latina?
En las últimas décadas, el modelo chileno fue ampliamente elogiado. Se decía que era un oasis dentro de América Latina, un milagro económico.
Y las cifras macroeconómicas lo respaldaban: el país sudamericano no solo mantuvo su Producto Interno Bruto (PIB) en un nivel superior a la media de la región, sino también logró reducir considerablemente la pobreza y se caracterizó por su «estabilidad» tanto económica como política.
En consecuencia, varios países latinoamericanos, como Perú, Colombia, México o Ecuador, miraron de cerca lo que hacía Chile, intentando incluso imitar algunas de sus reformas neoliberales. Un claro ejemplo es el sistema previsional creado en esta nación, basado en las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP), que después fue reproducido por otras naciones de la región y del mundo.
Pero en octubre de 2019, los chilenos salieron a las calles a protestar pues dijeron sentirse abandonados por el Estado, reclamaron por la desigualdad imperante en la sociedad y denunciaron abusos del sistema. El cambio a la Constitución, entonces, apareció como la única salida para reformar este sistema que, para muchos, había terminado por convertir a Chile en una «empresa privada».
De acuerdo con expertos consultados por BBC Mundo, la gran pregunta ahora es cuánto de ese modelo va a sobrevivir tras el cambio de la Carta Magna y cómo esto sentará un precedente para América Latina, especialmente para las naciones que de alguna u otra forma intentaron imitar el sistema chileno.
«Este modelo se importó en varios países de la región y debería comenzar a discutirse con mucha fuerza en lugares como Colombia, Perú o Ecuador. Por lo tanto, Latinoamérica debe estar atenta a cuánto del modelo chileno va a sobrevivir después del cambio constitucional», explicó a BBC Mundo Lucía Dammert, socióloga peruana y experta en asuntos latinoamericanos.
Una opinión similar comparte el profesor y politólogo argentino experto en política constitucional comparada Gabriel Negretto. «La crisis política y social que emergió en octubre de 2019 puso en cuestionamiento a una de las democracias más sólidas de la región, un modelo político y económico que en términos comparados fue de los más exitosos de América Latina. Por eso, este proceso constituyente es muy relevante para todo el continente».
La clave, dicen los académicos, estará en el rol que se le asignará al Estado en la nueva Constitución. Actualmente, este tiene un rol «subsidiario» y se apunta a que tenga uno más protagónico en lo social, garantizando derechos como la salud o la educación.
«Esa será una señal poderosa para países de América Latina, donde claramente el Estado ha estado ausente y se ha notado mucho con la pandemia», comentó Dammert.
Con información de: BBC Mundo