En la discusión sobre las leyes secundarias en telecomunicaciones, esta organización dijo que «es una política clara, con ataque a internet y ataque a nuestra generación»
Por Nuria Ocaña
CIUDAD DE MÉXICO, México, (N22).-
“La iniciativa presidencial no solamente no está
contemplando al usuario, a la persona, sino que lo está atacando de manera
directa”.
contemplando al usuario, a la persona, sino que lo está atacando de manera
directa”.
En medio de la controversia
y las continuas discusiones sobre la reciente ley de telecomunicaciones, se ha
dejado de lado a uno de los actores principales: el usuario.
y las continuas discusiones sobre la reciente ley de telecomunicaciones, se ha
dejado de lado a uno de los actores principales: el usuario.
“La iniciativa presidencial
parecería una negociación entre empresas y gobierno con una línea muy
difuminada entre ambos. Mientras tanto, la gente la percibe desde lejos,
únicamente, como una pelea entre Telmex y Televisa”, dijo en entrevista, Luis
Fernando García, abogado de la asociación Red por los derechos digitales.
parecería una negociación entre empresas y gobierno con una línea muy
difuminada entre ambos. Mientras tanto, la gente la percibe desde lejos,
únicamente, como una pelea entre Telmex y Televisa”, dijo en entrevista, Luis
Fernando García, abogado de la asociación Red por los derechos digitales.
“Es una política clara,
con ataque a internet y ataque a nuestra generación; la generación de los
nativos digitales, quienes hicimos a las tecnologías parte de nuestra forma de
vivir. Es una forma muy perversa de utilizar herramientas con las que estás tan
identificado en tu contra”, señaló García.
con ataque a internet y ataque a nuestra generación; la generación de los
nativos digitales, quienes hicimos a las tecnologías parte de nuestra forma de
vivir. Es una forma muy perversa de utilizar herramientas con las que estás tan
identificado en tu contra”, señaló García.
El concepto de neutralidad
de la red refiere a que cualquier paquete de información que transita en la red
debe hacerlo de manera libre y sin sufrir ningún control o censura que dependa
de su contenido o proveniencia. “Un internet censurado y vigilado, no es
internet”. No obstante, explicó que existen disposiciones en la iniciativa de
ley que ponen en peligro derechos constitucionales como la libertad de
expresión y el derecho a la información.
de la red refiere a que cualquier paquete de información que transita en la red
debe hacerlo de manera libre y sin sufrir ningún control o censura que dependa
de su contenido o proveniencia. “Un internet censurado y vigilado, no es
internet”. No obstante, explicó que existen disposiciones en la iniciativa de
ley que ponen en peligro derechos constitucionales como la libertad de
expresión y el derecho a la información.
De acuerdo a García, en
las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 145 se responsabiliza a
los concesionarios respecto a lo que los usuarios hacen a través de sus
servicios; el artículo establece que no
pueden discriminar o degradar el tráfico de internet salvo que sean contenidos
ilícitos o ilegales. La llamada “Responsabilidad de los intermediarios” infiere
que los concesionarios deben vigilar continuamente qué es legal y qué es
ilegal, bajo una presión que sube su ánimo por censurar todo tipo de contenido,
en aras de protegerse de cualquier acción legal, poniendo en riesgo el derecho
de los ciudadanos a la libertad de información.
las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 145 se responsabiliza a
los concesionarios respecto a lo que los usuarios hacen a través de sus
servicios; el artículo establece que no
pueden discriminar o degradar el tráfico de internet salvo que sean contenidos
ilícitos o ilegales. La llamada “Responsabilidad de los intermediarios” infiere
que los concesionarios deben vigilar continuamente qué es legal y qué es
ilegal, bajo una presión que sube su ánimo por censurar todo tipo de contenido,
en aras de protegerse de cualquier acción legal, poniendo en riesgo el derecho
de los ciudadanos a la libertad de información.
Por otro lado, el
registro de comunicaciones, conocido como “Retención de datos” en otros países,
implica la obligación de conservar los
datos durante 24 meses (o más), de todos los usuarios: identidad, registro de
localización, duración y fecha de las llamadas, etcétera; permitiendo
establecer patrones de comportamiento que revelan un cuadro muy detallado de la
persona. “Las personas pueden encontrarse bajo un tipo de espionaje sin
enterarse si quiera. Así, se permite el acceso a procuradurías, el CISEN, la Policía
Federal, la Secretaría de Marina y la SEDENA sobre la información de cualquier
persona, únicamente bajo el argumento de llevar a cabo sus labores de recolección
de inteligencia. “Esto abre y garantiza el abuso. Si a una persona le das un
poder tan fuerte como estas herramientas y le das la posibilidad de usarlas en
secreto, es una garantía para ser abusadas”, señaló García.
registro de comunicaciones, conocido como “Retención de datos” en otros países,
implica la obligación de conservar los
datos durante 24 meses (o más), de todos los usuarios: identidad, registro de
localización, duración y fecha de las llamadas, etcétera; permitiendo
establecer patrones de comportamiento que revelan un cuadro muy detallado de la
persona. “Las personas pueden encontrarse bajo un tipo de espionaje sin
enterarse si quiera. Así, se permite el acceso a procuradurías, el CISEN, la Policía
Federal, la Secretaría de Marina y la SEDENA sobre la información de cualquier
persona, únicamente bajo el argumento de llevar a cabo sus labores de recolección
de inteligencia. “Esto abre y garantiza el abuso. Si a una persona le das un
poder tan fuerte como estas herramientas y le das la posibilidad de usarlas en
secreto, es una garantía para ser abusadas”, señaló García.
Además, la posibilidad
de organización ciudadana queda limitada bajo el artículo 197, fracción séptima,
en donde se establece la posibilidad de que autoridades cancelen o anulen la
señal de telecomunicaciones de manera temporal en un área que se considere crítica.
de organización ciudadana queda limitada bajo el artículo 197, fracción séptima,
en donde se establece la posibilidad de que autoridades cancelen o anulen la
señal de telecomunicaciones de manera temporal en un área que se considere crítica.
Una excesiva congestión
de tráfico en la redes, es el argumento que las autoridades utilizan para
intervenir en el flujo de las señales, considerando necesario restringir el
acceso a ciertos usuarios para bajar los niveles del uso de banda ancha y
lograr que los demás no se vean afectados.
de tráfico en la redes, es el argumento que las autoridades utilizan para
intervenir en el flujo de las señales, considerando necesario restringir el
acceso a ciertos usuarios para bajar los niveles del uso de banda ancha y
lograr que los demás no se vean afectados.
Sin embargo, el artículo
sexto de la Constitución garantiza el derecho de acceso a las tecnologías de
la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. “Si en
una calle tienes una congestión por demasiado tráfico, no debes evitar que
ciertos coches pasen, sino crear más calles”, comentó García.
sexto de la Constitución garantiza el derecho de acceso a las tecnologías de
la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. “Si en
una calle tienes una congestión por demasiado tráfico, no debes evitar que
ciertos coches pasen, sino crear más calles”, comentó García.
De acuerdo a García,
bajo estas condiciones el Estado estaría renunciando a sus obligaciones
constitucionales. El espectro radioeléctrico es un bien de la nación, por lo
que su uso debería dirigirse a garantizar el acceso a internet, sobre todo en
lugares donde las empresas privadas y concesionarios no invierten porque no
resultan comerciales, mencionó.
bajo estas condiciones el Estado estaría renunciando a sus obligaciones
constitucionales. El espectro radioeléctrico es un bien de la nación, por lo
que su uso debería dirigirse a garantizar el acceso a internet, sobre todo en
lugares donde las empresas privadas y concesionarios no invierten porque no
resultan comerciales, mencionó.
“Afortunadamente, no se
trata de un hecho aislado”, dijo. Existen diversas organizaciones sociales a
nivel internacional como la ONG chilena Derechos Digitales y la Electronic
Frontier Foundation que velan por los derechos sobre el acceso y uso de
internet y que están mirando hacia lo que ocurre en nuestro país, finalizó.
trata de un hecho aislado”, dijo. Existen diversas organizaciones sociales a
nivel internacional como la ONG chilena Derechos Digitales y la Electronic
Frontier Foundation que velan por los derechos sobre el acceso y uso de
internet y que están mirando hacia lo que ocurre en nuestro país, finalizó.
Imagen http://bit.ly/1fTlpAc
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