«Mientras no haya voluntad política no habrá respeto hacia los derechos humanos»: Araceli Olivos

CIUDAD DE MÉXICO, México, 20/03/13, (N22).- El estado no tiene muchas posibilidades de ganar un juicio ante el sistema
interamericano. Esto le permite ver que la única salida probable para no
recibir una condena de una corte internacional es el promover una solución
amistosa, comentó en entrevista con la Agencia N22 Araceli Olivos, del  Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez
(Centro Prodh).

En abril de 2008, las once
mujeres agredidas sexualmente durante el operativo de mayo de 2006 en San
Salvador Atenco, interpusieron una petición ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, fue
hasta el 14 de marzo que la audiencia pública se llevó a cabo con la participación
de Bárbara Italia Méndez Moreno, quien relató lo vivido y la obstaculización de
parte del estado mexicano.

“El gobierno sigue mintiendo aún enfrente de
la Comisión Interamericana sobre la forma en la que ocurrieron las detenciones
de cómo se dio el operativo y que hay una supuesta sanción de algunos responsables,
lo que también es falso. Hasta el día de hoy sólo una persona ha sido
sancionada”, afirmó la abogada del caso desde hace más de dos años.

La primera intervención de la
CIDH se efectuó en Washington, sede del organismo de la OEA, y la
representación del gobierno mexicano corrió a cargo de la subsecretaria de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García. No obstante el trabajo de negociación a través de la vía amistosa se le negó
por parte de las once mujeres.

Estrategia política inútil

“El estado obviamente tiene esta posibilidad
de ofrecer dicha solución, sobre todo considerando que no hay más que debatir
al respecto. La tortura está más que comprobada, las compañeras se sometieron a
protocolos; no hay manera de debatir. Al estado mexicano, como a muchos otros
países, les toca fibras muy sensibles en el servicio del poder. Esta es una
estrategia política que intentó ocupar como ya lo ha hecho en otros casos, pero
esta vez no le funcionó”, comentó Araceli Olivos.

Ante esto, Bárbara Méndez en
representación de las 11 mujeres, leyó la carta que habían firmado en
desacuerdo a la posibilidad de que la vía amistosa sea la salida, puesto que no
existen las condiciones para pensar que esa voluntad política pueda verse
reflejada en acciones reales al interior de los procesos. “Hemos visto que la
actuación del estado mexicano ha sido solo efectiva ante el reclamo
internacional y en fechas claves en las que ha sido evaluado por organismos
internacionales.

“Esta es una primera fase,
esperamos que se emita un reporte de fondo a más tardar a finalizar el año, en
donde se declaré que el estado es responsable de las graves violaciones que les
hicieron a las compañeras”, denunció la abogada.  

Según con Araceli Olivos, existe
un retraso injustificado, por parte del estado, para ofrecer un mecanismo adecuado
para acceder a la justicia. En los siete años que han pasado el estado no ha
podido resolver el caso, porque hay impunidad de todas las autoridades
federales y estatales. Recordó que de los 29 elementos estatales y más de 2 mil 500
agentes policíacos que participaron en el operativo solo dos policías han sido
procesados por tortura; uno sancionado.

“Mientras no haya voluntad política no habrá respeto
hacia los derechos humanos. En este caso estamos a la espera de ver cómo avanza
el sexenio, porque del año pasado no hubo gran avance”, finalizó Araceli Olivos
Portugal.

El texto fue firmado por Mariana
Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero
Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María
Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia
Linares, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo y Bárbara Italia.