- En entrevista con N22, el analista dijo que la propuesta del ejecutivo es «una contrarreforma. Es justamente, todo lo opuesto a lo que se aprobó en la reforma constitucional”
CIUDAD DE MÉXICO, México, (N22).-
El país ha sido testigo de una lucha por el poderío en materia de radiodifusión y telecomunicaciones protagonizada por los dos actores que encabezan dichos sectores: Televisa y Telmex.
El innegable control y autoridad que mantienen estas empresas sobre los servicios que ofertan ha provocado que el gobierno intervenga para lograr la correcta regulación de sus operaciones. Sin embargo, la reciente iniciativa de la ley secundaria en la materia, propuesta por el poder ejecutivo, “representa un grave retroceso frente a la reforma constitucional aprobada el año pasado”, dijo Jenaro Villamil en entrevista exclusiva para N22.
“La televisión restringida es el verdadero meollo de esta ley”, señaló. La televisión restringida es uno de los sectores que más está creciendo, con mayor inversión y mayor cantidad de suscriptores. En México la televisión de paga desplazará, aproximadamente en 5 años, a la televisión abierta. Bajo este esquema, la ley secundaria establece una serie estrictas medidas y sanciones necesarias para el área de telecomunicaciones, entiéndase Telmex, mientras a Televisa “le castigan con cosas inocuas en televisión abierta, pero no se le castiga en nada y se le permite prácticamente todo en materia de televisión restringida”, señaló.
Las disposiciones de esta ley no fomentan la convergencia de ambos sectores -que es su razón de ser-; por el contrario, los mantiene separados. Según Villamil “a Telmex le niega ofrecer servicios de televisión restringida pero propicia las condiciones para que Televisa y TV Azteca puedan ingresar al servicio de telecomunicaciones sin las obligaciones de cobertura social”.
Entre otros puntos, la ley concede la suspensión de las multas impuestas por el Ifetel en materia de amparo y concesiones de 20 años con refrendo automático.
“Lo que estamos viviendo es una contrarreforma. Es justamente, todo lo opuesto a lo que se aprobó en la reforma constitucional”, dijo Villamil. Es muy factible que ya se cuenten con los votos necesarios para aprobar esta ley, cuya resolución tiene como fecha límite el 30 de abril. A pesar de esto, de acuerdo al periodista, si la nueva ley ignora desde su estructura, que telecomunicaciones y radiodifusión son servicios públicos, “la ley está perdida, se encuentra en el limbo, y muy probablemente se incurra en una acción anticonstitucional como pasó en el 2006”.
Por otro lado, pierde sentido la configuración de un organismo autónomo (Instituto Federal de Telecomunicaciones) que tenga la facultad de determinar la competencia económica y la regulación de contenidos. La nueva ley otorga responsabilidades a diferentes instancias, que dejan al Ifetel sin capacidad para regular el negocio (licitaciones, concesiones, permisos). “Se retorna a la idea del control, en el que todos los medios públicos dependen de la Secretaría de Gobernación. Un Ifetel tutelado por las opiniones de Secretaría de Hacienda, la SCT, de Gobernación”, mencionó Villamil.
Los derechos del usuario
Sobre las garantías y derechos de audiencia y de los usuarios, existen cláusulas que, entre otras cosas, permiten a la Secretaría de Gobernación ordenar la geolocalización de las personas, la posibilidad de bloquear dispositivos móviles durante un evento público y guardar la información de los usuarios por un periodo de dos años.
Esta ley viene a suplir a la actual Ley Federal de Telecomunicaciones (1995) y a la de Radio y Televisión, publicada en 1960. Sin embargo, según Villamil, las disposiciones planteadas retornan a un modelo antiguo, incapaz de regular un sector que es muy nuevo y que avanza constantemente a nivel de tecnologías de la información.
El análisis del periodista plantea que es una ley que va a quedar desfasada en temas de redes e internet en uno o dos años. No obstante, en términos de libertad de expresión, es una ley que puede matar el activismo y el periodismo digital a través de la persecución a los usuarios de redes y de telefonías móviles. Aunque las especificaciones difícilmente logren un control sobre el uso de estos medios, “la parte negativa es criminalizar el ciber-activismo. En lugar de abrir una válvula de escape la estás cerrando; es una parte muy delicada porque a mayor represión, mayor violencia”, señaló Villamil.
Por otro lado, “no existe un proyecto de telecomunicaciones que piense en los ciudadanos”, dijo. Según estadísticas del INEGI en 2012 “el 56% de la población en México no tiene acceso a las tecnologías digitales” y “en la ley no se especifica cuál va a ser la institución responsable no sólo darle acceso a las personas, sino de ofrecerles la capacitación adecuada porque ni siquiera existe una noción de alfabetización digital”.
El peso de las reacciones
Después de las medidas planteadas, la reacción de Telmex ha sido desinvertir en el país generando un sector que en lugar de lograr mayor inversión, se repliega. “Lo más grave es que si Telmex y Telcel no invierten, no hay otras empresas que vayan a invertir con el volumen y la necesidad que requiere el mercado mexicano y, difícilmente empresas norteamericanas o europeas querrán participar en un mercado dominado por Televisa.”, señaló Villamil.
Bajo estas condiciones, se requiere una segunda iniciativa que no provenga del poder ejecutivo y para que esto ocurra, de acuerdo al periodista, sería necesario que el costo de la opinión pública nacional e internacional sea muy alto. “Parte del marketing en la campaña de Peña Nieto, señalaba la modernización en el sector de comunicaciones. Grandes consorcios internacionales, interesados en el mercado mexicano pueden darse cuenta que no existen condiciones para participar y comenzarán a hablar de ello”, dijo.
Mientras tanto, ante la propuesta de una ley que privilegia el modelo comercial y la indefinición jurídica necesaria para su modificación, se mantendrá el status quo en la dinámica del sector, concluyó Villamil.
14MAG
“La ley carece de sanción al logro de incorporar en la Constitución la prohibición de la publicidad presentada como información”, declaró el senador Javier Corral en días pasados.
“Eliminaron la noción de servicio público y solamente quedaron definidos como servicios de interés público. Pero ni siquiera la ley define qué es eso”, Jenaro Villamil.
Las disposiciones de esta ley no fomentan la convergencia de ambos sectores -que es su razón de ser-; por el contrario, los mantiene separados. Según Villamil “a Telmex le niega ofrecer servicios de televisión restringida pero propicia las condiciones para que Televisa y TV Azteca puedan ingresar al servicio de telecomunicaciones sin las obligaciones de cobertura social”.
