Redacción/CDMX
El Parlamento japonés se encuentra debatiendo un proyecto de ley para reformar las leyes de agresión sexual del país.
Esta reforma se trata de la segunda revisión a esta ley en cien años.
El proyecto de reforma hará cambios significativos como la redefinición del concepto de violación, que para la ley japonesa es una «relación sexual forzada».
Con dichas modificaciones pasará a definirse como una «relación sexual no consensuada».
Esto deja espacio legal en una sociedad donde el concepto todavía se entiende muy poco.
En la actualidad, la ley japonesa define la violación como una relación sexual o actos indecentes cometidos «por la fuerza» y «mediante agresión o intimidación», o el «estado de inconsciencia de una persona o su incapacidad de resistirse».
La agresión sexual sigue siendo un tema tabú en Japón y ha ganado atención nacional solo en los últimos años, a raíz de casos de alto perfil como la batalla judicial de la periodista Shiori Ito, las declaraciones públicas de Rina Gonoi, exmiembro de la Fuerza de Autodefensa y sobreviviente de agresión sexual, y las denuncias contra Johnny Kitagawa, un conocido -y ya fallecido- productor de música pop.
Parte del problema, dice Kazuko Ito, es que generaciones de japoneses han crecido con «una idea distorsionada del sexo y el consentimiento sexual».
Por un lado, la educación sexual suele impartirse modestamente, y apenas se toca el tema del consentimiento.
Sin embargo, según Ito, los niños japoneses tienen fácil acceso a la pornografía, y una categoría demasiado común en el país es el de una mujer que disfruta teniendo sexo en contra de su voluntad.
En los últimos años, en Japón ha habido un creciente clamor público por un cambio en la legislación.
Por ejemplo, en 2019, la sociedad japonesa enfureció al revelarse cuatro casos de agresión sexual en un mes: cada uno de ellos resultó en la absolución del presunto atacante.
Como parte de la redefinición de violación, la nueva ley establece explícitamente ocho escenarios en los que es difícil para la víctima «formar, expresar o cumplir una intención de no dar su consentimiento».
Incluyen situaciones en las que la víctima está intoxicada con alcohol o drogas; o sujeta a violencia o amenazas; o está «asustada o asombrada».
La edad de consentimiento también se elevará de 13 a 16 años, y el estatuto de limitaciones será extendido.
Los activistas han argumentado que la limitada definición de la ley japonesa, ha traído como consecuencia que tanto fiscales como jueces interpreten la ley de manera deficiente.
Esto ha fomentado una cultura de escepticismo que disuade a sobrevivientes de denunciar ataques.
«Los procesos y decisiones de los juicios varían: algunos acusados no fueron condenados, incluso cuando se demostró que sus actos no fueron consensuados, ya que no hubo ‘agresión o intimidación'», explica Yuu Tadokoro, portavoz de Spring, un grupo de sobrevivientes de agresión sexual.
(Con información de BBC Mundo)