#Liminal | Parte 4. Entrevista con Manuel Perló sobre el panorama de México en materia legal en torno al cuidado, protección y distribución de agua

Karen Rivera / Ciudad de México

La Ciudad de México recibe en promedio 65 mil litros de agua por segundo para ser distribuidos entre sus casi 23 millones de habitantes.

Desde el 2012 el artículo 4° de la Constitución garantiza como Derecho Humano el acceso al líquido, pero ¿cómo se encuentra el país en materia legal en torno al cuidado, protección y distribución de este elemento?

Manuel Perló, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que ante esta situación nos rige una Ley Nacional de Aguas aprobada en el año 1992, «ya tiene 30 años de existencia y a pesar de que hubo una Reforma Constitucional en el año 2014 no se ha podido actualizar esta Ley».

La Ley de Aguas Nacionales tiene por objeto regular la explotación, uso y aprovechamiento del líquido; así como su preservación y control de calidad. A tres décadas de su publicación, cambiaron las condiciones de urbanización, población, industria y agricultura motivo por el que es urgente una actualización.

«Tenemos muy mal manejo del agua en nuestro país, el tema de las fugas, ese se encuentra muy generalizado, pero, además, no tratamos aguas residuales en la cantidad suficiente y, sobre todo, no las reutilizamos, sino que muchas veces se tratan a un costo importante y luego se llevan al drenaje, porque no hay quien las consuma».

«Nos ayudaría a hacer un balance entre temas de fenómenos nuevos como el cambio climático, los cambios demográficos y políticos que tiene el país, pero también nos ayudaría a equilibrar el tema de la justicia en materia de agua», agregó el investigador.

De acuerdo con el experto en el tema, el país se encamina a una catástrofe silenciosa y nada se compara con lo que implica no tener agua.

«Hoy tenemos muchos problemas graves, muchos de ellos más graves que hace diez, veinte, treinta años, y no tenemos un acuerdo sobre cómo resolverlos. […] Una nueva legislación nos ayudaría —creo yo— a ponernos de acuerdo sobre cómo queremos avanzar en la solución de nuestros problemas hídricos en el futuro», concluyó Perló.