Los casos presentados en la Duda razonable serie dirigida por Roberto Hernández y producida por Netflix, son atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cambiarían sus sentencias o las fallas en la impartición de justicia en nuestro país?
Huemanzin Rodríguez/Ciudad de México
En la última conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de 2021, se refirió a la situación legal de Héctor Muñoz Muñoz, Gonzalo García Hernández y Juan Luis López García, tres de los cuatro protagonistas de la miniserie documental, la Duda razonable, dirigida por Roberto Hernández.
Ellos, tras un choque automovilístico, fueron acusados de intento de secuestro por el conductor del otro auto en el municipio de Macuspana, Tabasco, en 2015. Tras un proceso, con tortura de por medio, hoy purgan una condena de 50 años.
El cuarto protagonista de la serie, Darwin Morales, ya recobró su libertad después de que sus abogados demostraran en el momento en que se supone ocurría el intento de secuestro, él estaba en otro lugar.
El cinco de enero de este año la Suprema Corte de Justica de la Nación solicitó la atracción de este caso en particular. De comprobarse la injusticia, tesis de la serie que expone las carencias e incongruencias en los procesos judiciales, ¿mejorarán las vidas de los inculpados o se cambiará aquello que no funciona del sistema?
He buscado a Roberto Hernández. Nos conocimos hace veinte años cuando él era profesor e investigador asociado en el centro de investigación y de educación superior especializado en ciencias sociales (CIDE), entonces junto con Layda Negrete estaban interesados en lograr testimonios videograbados —algo que entonces era mucho más difícil de lograr que en la actualidad— y usarlos para exponer los vicios en la impartición de justicia.
Pocos años después, esas grabaciones permitieron el montaje de El túnel (2006), que recibió el premio a mejor cortometraje documental en la edición de ese año del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, ahora GIFF, donde nos encontramos de nuevo.
En El túnel hay un comparativo sobre cómo funcionaba la deliberación de un caso entre un ministerio público en México y un juicio oral en Chile: En México un juez con varias secretarias, lee y decide a solas en privado; mientras que en Chile, tres jueces con un secretario deliberan en un juicio oral público.
Esa imagen se me quedó en la cabeza y me llevó a observar de manera diferente la cinta Ahí está el detalle (Juan Bustillo Oro. 1940) donde Cantinflas es acusado de un asesinato por un fiscal interpretado por Agustín Izunza. La película muestra un juicio público como yo no los había conocido entonces.
Después observé en el archivo Casasola, fotografías que documentaban esos juicios en donde las personas culpables siempre se veían pobres, humildes, desamparadas, acusadas y expuestas por el ojo detrás de la cámara. Algo que podría parecernos no muy lejano en el siglo XXI, pese a los enormes cambios que ha habido al respecto.
En Ahí está el detalle, Cantinflas se convierte en el gran burlador, es una suerte de reivindicación de clase. Ese tipo de injusticias son las que Roberto Hernández, Layda Negrete y su equipo han documentado con El túnel, Presunto culpable (2008) y la Duda razonable (2020).
Desde los años 40 del siglo pasado ha habido varios cambios en nuestro proceso judicial, ¿qué es lo que has aprendido de él entre la expectativa y la realidad?
Me gusta mucho el recuento que haces, porque de comparar se aprende muchísimo.
El material del juicio de Presunto culpable, donde el juez dictaba la pregunta en un ritmo lento y tedioso que le permitiera al mecanógrafo escribir cada palabra; a la Duda razonable donde estamos usando una videograbación oficial por parte del mismo tribunal, se ven formas distintas de preguntar las cosas. Se les permite a los litigantes interactuar de otra forma con el tribunal. Pero en el fondo la cosa no cambia.
El contenido del proceso de investigación criminal en México sigue siendo violento, se sigue usando la tortura como método de investigación criminal, se sigue golpeando a las personas. Mientras eso no cambie, podemos tener un método de juicio videograbado o juicio con mecanógrafo, pero la esencia de las cosas permanece inmutable y eso tendríamos que seguir revisando con urgencia.
En México se suele discutir sobre lo que pasa en la cúspide de la justicia, con los jueces y sus tribunales. Se discute si el piso es me mármol, si las bancas de madera o cómo deben los ser los martillos de los jueces. Pero, ¿cuáles son las facultades legales de los policías para investigar los delitos?,¿qué obligaciones de registro tienen?, ¿qué herramientas tienen para hacerlo? Y ahí vamos a encontrar que no hay inversión en ese nivel. Entonces vemos que hay mucha responsabilidad en instituciones anémicas, mal estructuradas, con poco apoyo y capturadas por el crimen organizado.
¿Cómo esperar la justicia de quien no está en condiciones de investigar ni de impartir justicia? Los policías mismos ven amenazada su dignidad y condición humana con las estructuras existentes hoy. Esa es a reflexión buscamos con nuestros trabajos.
Esa falta de documentación es una carencia de todas las instituciones, no se suele invertir en cosas que no son espectacularmente visibles. Y muchas de las instituciones, fundadas en la posrevolución, han permanecido estáticas frente a las necesidades actuales. Sin una documentación y registro confiable en el sistema que imparte justicia, ¿cómo saber el funcionamiento de otras áreas de gobierno más allá de lo que digan las oficinas de comunicación social?
Me parece que es una gran pregunta y es un reto intelectual, llegar a las metodologías adecuadas para saber el impacto de un documental, de un programa de radio u otro tipo de creación. Pero aún sin tenerlas, sí podemos saber que es positivo que haya inversión en productos culturales, que exista inversión pública para la producción cinematográfica, documental, de contenidos en radio y televisión.
Es claro para mí que México tiene una subinversión en estas infraestructuras y estas herramientas de comunicación. Hay instituciones que son mucho más complejas de reformar, como la Secretaría de Educación Pública, que es enorme y tiene muchos actores e intereses. Pero educar a través de la cultura es relativamente más fácil y claro. Lo vimos con Presunto culpable, que recibió dinero público de la Secretaría de cultura, el documental alcanzó una audiencia enorme y cambió muchas ideas que teníamos acerca de cómo se impartía la justicia en México, creo que marcó un antes y un después.
Como dices al referirte a la película de Cantinflas Ahí está el detalle, son culturales las expectativas que tenemos de los actores que nos dan justicia. Por eso la importancia de hacer estas producciones y colocar en nuestras pantallas de cine y de televisión a nuestros policías, nuestros jueces, a nuestros ministerios públicos.
Podemos verlo ahora con la Duda razonable, es cierto que ha habido cambios y reformas en México, pero como bien dices hay algo que no cambia. Debemos estar indignados e insatisfechos por la justicia que tenemos. Para poder cambiarla, tenemos que entender qué es lo que está roto.
En 2019 fue publicado el informe Cuánta tortura. Prevalencia de violencia ilegal en el proceso penal mexicano 2006-2016 (que se puede descargar en este enlace: https://bit.ly/3o90vKf). Es el resultado del trabajo de varias personas en equipo encabezado por ti, Laura Aquino y Juan Salgado, con la dirección ejecutiva de Elizabeth Andersen y Alejandro Ponce. La información viene de fuentes oficiales y este informe ha sido el que detonó la miniserie.
El informe nos ha provocado varias preguntas: ¿Cuáles son las situaciones y mecanismos que permiten que se siga torturando en México?, ¿cuál es la parte estructural que hay que romper y cambiar?
Yo creo que en México hemos engendrado un sistema que no ha eliminado ni las oportunidades ni los incentivos para que las personas no sean torturadas.
En nuestra constitución está la posibilidad de que las personas detenidas estén 48 horas frente a su acusador. ¡Es una locura! En México tenemos la fusión de los deberes de custodia y de investigación. O sea, quien te protege como detenido es también quien tiene que investigar para encontrar evidencias de que eres culpable. Eso es un despropósito. Si eso está fusionado entonces no importa si cambias el método de juicio, porque el contenido de esa fusión inapropiada de un conflicto de interés es la violencia.
Necesitamos entender que no podemos diseñar instituciones a partir de la ingenuidad o de la ignorancia. Si los ciudadanos pedimos tonterías al poder político, nos van a dar tonterías. Tenemos que pedir algo más sofisticado además de la liberación de Héctor, Gonzalo y Juan Luis; que hoy están en la cárcel mientras nosotros estamos discutiendo el sistema judicial.
Tenemos que pedir una reforma a la constitución, que se separen las funciones de custodiar e investigar y que, a la vez, le entregue a la policía la posibilidad real de investigar delitos, una condición salarial estable, un sistema de ascensos creíble y una posibilidad de denunciar los flujos de dinero ilegal dentro de las instituciones. Eso empieza a partir de una descripción masiva, con un trabajo periodístico riguroso, con una investigación cuantitativa detrás.
Por eso me ha tomado tanto tiempo hacer estos documentales, casi 20 años desde que nos conocimos. Empecé con El túnel, que tenía una investigación estadística. Después vino Presunto culpable, que tenía una base de datos de 3 mil personas privadas de su libertad entrevistadas. Para la Duda razonable está una subestructura informativa del INEGI, que entrevistó a 60 mil personas privadas de su libertad, la muestra es robusta cuantitativamente. No me importa el caso atípico o el escándalo, me importan casos como los de Héctor, Gonzalo, Darwin y Juan Luis, que son los “casos cualquiera”, que no merecieron atención mediática cuando ocurrieron, pero que son representativos de un patrón general, no son casos aislados, es lo que podría sucederle a cualquiera de nosotros si nos acusan de secuestro.
Los mismos culpables son condenados desde la posrevolución, como lo vemos en el archivo Casasola.
Así es, en las cárceles hay personas con vulnerabilidades psicosociales, con vulnerabilidad económica, que están en condiciones de marginación. Eso hace que muy pocas personas puedan empatizar porque nos han enseñado que los criminales son así y no lo cuestionamos, queremos que se les castigue. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae este caso, no sólo puede enmendar la injusticia documentada en la Duda razonable, también podría enviar una señal para corregir el sistema.
Todas las imágenes son cortesía de la producción de La duda razonable.