Esta charla se enmarcó en el ciclo Diálogos México-Canadá. Por un mundo en transformación, organizado por la Embajada de Canadá en México a través de la Plataforma de discusión internacional
Ciudad de México (N22/Huemanzin Rodríguez).- El Instituto de Ciudadanía Canadiense (ICC, por sus siglas en inglés) a través de la Embajada de Canadá en México, organiza como parte de las actividades de su plataforma para la discusión internacional 6 Degrees, las mesas en línea Diálogos México-Canadá. Por un mundo en transformación. Este jueves 18 de junio se celebró el segundo encuentro con el tema: “Covid-19 y el valor de las Mujeres”, donde participaron Karen Dianne Padilla, activista y miembro de la organización civil Iniciativas feministas con sede en el estado de Chiapas; la escritora y activista por los derechos de las mujeres y las comunidades Queer y LGBTI, Katherine Hernandez en Ontario; y Ana Pecova, de la organización feminista Equis. Justicia para las mujeres, en la Ciudad de México. El encuentro, moderado por la periodista Juana Inés Dehesa, partió de tres cuestionamientos básicos: el trabajo, las mujeres y su remuneración económica; violencia de género durante la pandemia y políticas públicas contra la desigualdad de género.
En la inauguración, el Embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark comentó: «No estamos aquí para dar lecciones, estamos aquí para ver nuestras debilidades y con el diálogo encontrar soluciones comunes como ciudadanos y como gobiernos. En el espejo de la pandemia es donde encontramos nuestras debilidades.»
En sus presentaciones, Katherine Hernandez comentó que, desafortunadamente, las realidades para las mujeres no son muy distintas en Ontario como en el resto de mundo: «La situación actual nos muestra que teníamos muchas cosas atoradas en las esquinas, que ya no se pueden ocultar más y no debemos ignorar.»
Para Ana Pecova, la justicia debe estar garantizada para las mujeres y se debe entender que, cuando se habla de mujeres, es un grupo no homogéneo. Cuando el género se mezcla con otros factores como el origen étnico, el estatus migratorio, identidad de género, discapacidad, probablemente los retos en cuanto el acceso a la justicia varían.
El acceso a la justicia no sólo es acceder a las instituciones ni a procesos legales, es muy importante considerar las condiciones estructurales que hay desde antes, que afectan al acceso a la justica. Y después reconocer que no acaba todo con obtener una sentencia, se necesitan políticas públicas que las pongan en práctica.
Trabajo de las mujeres y su remuneración económica.
Padilla comentó que existe la idea de trabajos “para mujeres”, fundamentales que durante la pandemia se han acentuado, como cuidar de los enfermos, de las personas de la tercera edad y de los niños; así como tareas de limpieza y alimentación que, bajo las circunstancias actuales, han resultado en una carga mayor para las mujeres —si bien ya lo eran, ahora se han potenciado exorbitantemente. Y nos referimos a los servicios de higiene y limpieza en donde la mayoría son mujeres, así como a las enfermeras. Estos trabajos pese a ser fundamentales, no están bien remunerados porque se asume que no hacen nada extraordinario ya que existe la idea de que “las mujeres nacieron para cuidar”. Estos tipos de trabajos no son exclusivos de mujeres, competen a todos los integrantes de la sociedad.
Para Hernandez, esa visión tóxica de la masculinidad también permea en las dinámicas de las sociedades queer y LGBTI. Ahora que estamos en el aislamiento veo que son mujeres las que están encargadas de las guarderías y el gobierno insiste en abrir pronto la provincia de Ontario, la gente que trabaja en las guarderías, tiene sesgo racial y nunca se les dio apoyo para asegurar su salud en esta crisis. Es reveladora la visión de nuestros gobernantes que nos ven como “corderos que van al rastro”: Ve, hazlo, gánate tu dinero. Es algo que me ha dado mucho coraje. Es prematuro que se “normalicen” las actividades en Ontario sin asegurar que en las guarderías haya seguridad.
Pecova subrayó que el virus puede matar a cualquiera, pero varía el impacto. Para ello hay que observar las desigualdades: «El número de mujeres sin ingreso propio es cuatro veces más grande que el de los hombres. Las mujeres participamos menos en la fuerza laboral, sólo el 42% de las mujeres, contra el 77% de los hombres participan en la fuerza formal laboral. De las pocas mujeres que participan de la fuerza laboral formal, casi la mitad trabaja como comerciantes u ofreciendo servicios personales. Eso quiere decir que la mayoría está en la economía informal sin acceso a prestaciones, derechos ni seguridad social. Cuando estamos dentro de las empresas, pocas alcanzamos los puestos de toma de decisión. Es común el problema del acoso sexual. Las mujeres entre 19 y 60 años, sin hijos, participan del mercado laboral. Cuando la mujer tiene tres hijos o más, baja dramáticamente su participación en la fuerza laboral. En los hombres es distinto: los hombres casados con hijos son los que más participan de la fuerza formal laboral. Donde se reparten las tareas entre hombres y mujeres, baja muchísimo el riesgo de violencia familiar, las mujeres que son económicamente activas tienen menos riesgo de violencia física, aunque eso no descarta la violencia psicológica. Todo esto lo enfrentábamos antes de la crisis, la crisis nos ha alcanzado en este contexto y, por supuesto, el impacto será brutal.»
Violencia de género durante la pandemia.
Las participantes coinciden que son distintos tipos de violencia las que viven las mujeres. Para Padilla, los feminicidios no se han incrementado, si se consideran las cifras oficiales, como sí se han incrementado las llamadas de auxilio por violencia domésticas durante esta pandemia. Para entender la crisis de los feminicidios que vive la región hay que ver cómo viven las mujeres, porque hasta ahora, buena parte de los casos de feminicidio son íntimos, esto significa que el agresor es la pareja, la ex pareja o una persona conocida. Para frenar esta situación se requiere la participación de todos los niveles de gobierno y de la sociedad. Y eso, a punta, nos lleva a ver la situación económica de las mujeres, ya que muchas que padecen la violencia familiar no pueden dejar sus casas porque no tienen a dónde ir.
Para Hernandez, quien ha estado apoyando económicamente a mujeres que se han visto maltratadas en sus hogares, también les han ayudado en participar en albergues aislados. Hernandez, recuerda que bajo situaciones extremas como puede ser una frágil situación económica, un trabajo endeble, una enfermedad dentro de la familia, aumenta las posibilidades de violencia a las mujeres en sus hogares. Por eso, la mejore respuesta es también crear comunidad, ningún apoyo es pequeño.
Pecova dice que, en todo el mundo para enfrentar la pandemia, el mensaje de los gobiernos es “Quédate en casa”, pero esta situación de estrés afecta aún más a las mujeres: «Nueve de diez personas golpeadas por un familiar, son mujeres. Ocho de diez personas amenazadas por un familiar son mujeres. Cien por ciento de las personas abusadas por un familiar son mujeres. Esos datos son antes de la pandemia. Ahora han aumentado las llamadas al 911 y han aumentado las denuncias formales. En México tenemos cada hora 27 denuncias, 27 carpetas de investigación por violencia familiar. ¡Es un número enorme! Pero lo más preocupante es la falta de respuesta de las instituciones. Todo se reduce a “Llama al 911”». Pecova dice eso es insuficiente, que las políticas públicas entienden a las mujeres como una sola cosa, sin particularidades, por ejemplo: «¿Cómo una mujer con discapacidad puede llamar al 911? ¿Qué pasa con una mujer indígena que no habla español? ¿Qué pasa si el lugar donde vive la mujer no tiene teléfono? Las mujeres son las que menos acceso tienen a su propio teléfono. ¿Qué tipo de instituciones queremos, si en este momento tan crítico donde ha aumentado la violencia, las fiscalías están cerradas? Cuando alguien denuncia les responden: Estamos cerrados, regrese a casa. Se han cerrado labores sin considerar a las mujeres víctimas de violencia. Tampoco se han considerado a las mujeres que están en prisión y esperan beneficios. ¿Vale la pena seguir apostando por este tipo de instituciones o tenemos que entrar en una discusión más profunda para lograr una justicia mucho más ciudadana?»
Eso nos lleva a pensar políticas públicas más diversas e incluyentes porque las existentes están pensadas, y Pecova insiste en el punto: «Diseñadas para una sola mujer: la heterosexual que viven en la ciudad. La violencia también se da en parejas del mismo sexo. Además, excluyen de manera proactiva a mujeres usuarias, de 44 Centros de Justicia que existen en México, sólo ocho nos respondieron. Y esas ocho no atienden a mujeres usuarias de alguna substancia. Reciben sólo a mujeres en proceso de desintoxicación o que son usuarias a alcohol o cigarro. Esto nos lleva a una autocrítica, políticas que hemos diseñado desde el feminismo terminan por discriminar. Recorrimos toda la península de Yucatán y después de entrevistar a 170 mujeres indígenas, ninguna sabía que en su estado hay un centro de justicia para mujeres.»
Pecova, al igual que Padilla y Hernandez, coincide que hasta ahora la ayuda más cercana que han tenido las mujeres es en la comunidad o a través de ONGs. También es sabido que todos estos números están basados en datos oficiales, se estima que cerca del 70% casos de violencia familiar no es denunciado.
Políticas públicas contra la desigualdad de género
Las participantes consideran que nada ha funcionado, si acaso, algunas de las medidas paliativas. Y se requiere un cambio radical y simbólico ya que la justicia no debe de llegar en una ventanilla. Y ese cambio también debe de ir de la mano de políticas socioeconómicas. Padilla recuerda que las mujeres no suelen ser las dueñas de los hogares en donde están confinadas y se les agrede. Comenta que, revisando la forma en que funcionan los dos refugios para mujeres en el estado de Chiapas, uno de ellos en San Cristóbal de las Casas pertenece a una organización social y el de Tuxtla Gutiérrez es administrado y gestionado por el estado. En la revisión de los casos, el refugio de San Cristóbal de las Casas, que les ofrece el apoyo integral que va desde alimento, techo, apoyo emocional y psicológico, ha contribuido a que el 80% de las mujeres no regresen con su agresor. En cambio, el refugio de Tuxtla Gutiérrez que ofrece comida y techo, tiene un índice muy alto de mujeres que regresan con sus agresores.
En otros países hay políticas públicas paliativas de “Hogares subsidiados”, cuando una mujer sale de un hogar que no le pertenece, pasa un tiempo en el refugio ya que estos son temporales, después puede acceder a un programa de hogares tutelados, donde ellas pueden tramitar un recurso para poder pagar el alquiler de un inmueble. Tenemos que pensar a las instituciones desde otro lugar.
Hernandez se muestra pesimista ante la realidad, ella es sobreviviente de maltrato familiar y considera que no hay otra forma más que hacer cambios radicales en la sociedad y el Estado.
Pecova considera que es cierto que el maltrato, la violencia y la desigualdad es una problemática social que debe de enfrentarse desde cada individuo, pero también se requieren de políticas públicas para los individuos que no tienen la capacidad o la voluntad para poder cambiar: «Reconozco que la violencia en el hogar es muy difícil combatirla porque las políticas públicas por definición, no entran en el espacio privado. Pero hay muchísimos espacios como las escuelas, los centros de trabajo en donde podemos establecer comportamientos y actitudes. Tengo claro que no podemos seguir apostando sólo a las instituciones de justicia en el sentido tradicional (policías y tribunales para combatir la violencia de género). Hoy la violencia contra las mujeres es mayor y más compleja, ha cambiado, no sólo ocurre en el hogar. Hoy las mujeres mueren en el espacio público y por arma de fuego, y eso nos debería obligar a salir de nuestras burbujas y hablar sobre el control de armas, las armas son la causa número uno del asesinato de las mujeres, también nos obliga a debatir sobre la militarización de la seguridad pública, nos obliga a revisar las políticas contra las drogas que han tenido un impacto brutal sobre las mujeres, no sólo en México, en toda la región, incluso en Canadá. Quienes se llevar la peor parte son las mujeres indígenas. Busquemos la posibilidad para que las autoridades emitan órdenes de protección donde no es necesaria una denuncia formal, muchas mujeres no quieren denunciar a sus parejas, sólo quieren que acabe la violencia, esa podría ser una herramienta concreta, sí, temporal, pero que no existe en nuestras instituciones.»
Por último, Pecova indicó que no podemos pensar sólo en términos violencia, temas como pobreza, discriminación y desigualdad, en un sentido más amplio, deben de ser ejes de las políticas públicas, ya que las personas que integran este país viven en condiciones muy diversas.
Aquí la mesa completa: