La Mota, ¿estigma o paradigma?

«¿Hasta dónde podemos llegar como ciudad o sociedad para regular este tipo de sustancia y qué es lo que sucede en el resto del país?”, se pregunta Jorge Hernández, del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas

Por Perla Velázquez
Ciudad de México, México, 25/03/14, (N22).-  El cannabis es la droga más utilizada en el país y el mundo. Prácticamente el 85% de los usuarios de drogas ilegales es consumidor de ésta. Además que es la planta más doméstica de la humanidad, es decir, es una sustancia que sin ser innocua es relativamente segura en comparación de otras. El problema que existe actualmente es que en buena medida los mercados de la marihuana están mezclados junto con las de otras drogas ilícitas y que son más peligrosas, afirmó en entrevista con la AgenciaN22, Jorge Hernández, del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD).

Uno de los temas que centraron las críticas de la política mundial en el primer trimestre de este año es la legalización de la marihuana, cuya producción y venta se dio primero en Uruguay, posteriormente en algunas entidades de Estados Unidos. La iniciativa llegó al Distrito Federal a través de un paquete que los diputados del Partido de la Revolución Democrática entregaron para que se reforme el Código Penal Federal y la Ley General de Salud en el Distrito Federal.

Pero, ¿qué implicaciones económicas, sociales y salubres traerá esta discusión? El politólogo e internacionalista, Jorge Hernández, afirmó que básicamente se trabajará en aceptar que las drogas se usan, además la tarea más grande que se tiene es buscar acciones que beneficien a quién las consume. “Es un cambio de paradigma que trata no sólo de decir: ¡No! Sino de llamar a la reflexión de los usuarios y al respeto a los derechos de estas personas que como todas las demás tienen todos los derechos”.

¿Qué se discute desde el 1 de marzo en la ALDF?

Aumentar la dosis de la cantidad de droga que se podrá consumir personalmente, despenalizar la prescripción del cannabis para usos terapéuticos, dar a las entidades y al DF facultades para el control sanitario de estupefacientes y sobre todo reducir la criminalización a los consumidores, son las propuestas que se presentaron frente a la Asamblea y de ser aceptadas pasarán al Congreso para que éste las avale.

“La intención de regular la marihuana va en la dirección correcta”, afirmó el académico de la UNAM, quien además argumentó que a nivel federal esta discusión no ha tenido lugar realmente. “La Ciudad de México es la que ha debatido sobre el asunto. Sin embargo, las limitaciones que existen, para la ciudad o para cualquier entidad que quiera enfrentar el problema de las drogas desde una perspectiva del aspecto de la salud, choca con ordenamientos federales. Aquí hay una complicación y es: ¿hasta dónde podemos llegar como ciudad o sociedad para regular este tipo de sustancia y qué es lo que sucede en el resto del país?”

Una parte importante del cannabis es que se trata de un mercado que es el más grande pero que no tiene grandes implicaciones de salud. Hernández dijo que no existe ninguna estadística que explique que hay problemas con el uso del cannabis, “lo tienen pero por otras drogas. Lo que hay que ver es desde los ojos de una política laica que tenga menos prejuicios para evaluar las cosas y que sea más responsable”.

En un estudio que realizó el CUPIHD sobre el tamaño del mercado de la marihuana, así como el de otras sustancias ilícitas, se afirma que su futuro es incierto. E incluso así y con base en datos de la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) y la Encuesta Nacional de Adicciones del Distrito Federal (ENADF) se asegura que hay entre 50 mil y 75 mil consumidores. La importancia de conocer este número es para imaginar la población que compra en los mercados de drogas ilegales.

Jorge Hernández, quien realizó el estudio en compañía del etnólogo Carlos Zamudio, concluye que a pesar que el mercado en donde el precio es variable (porque son ventas ilegales en donde no hay garantías), sus ganancias no valen más de 30 millones de dólares. Es decir, es un mercado pequeño, pero, ¿para qué regularlo entonces? “Justamente por eso es más fácil tener el control. Porque lo que sucede en el mercado ilegal es que el usuario, que en teoría es quién protege la ley, se vuelve delincuente y víctima al mismo tiempo.

“El regular la marihuana ahorraría esos 30 millones de dólares que se podrían utilizar en otras cosas y permitiría el ejercicio de derechos de la población adulta. Además de limitar el mercado hacia los menores de edad. Que ese es el gran acuerdo que tenemos: los menores de edad no deben de consumir ningún tipo de droga”.

Uruguay y Estados Unidos, dos ejemplos distintos

Como un paso histórico fue reconocida la legalización de la producción y comercialización de la marihuana en Uruguay. El debate político, que vio su fin en diciembre pasado, superó a la oposición para permitir que los uruguayos tengan en su casa hasta seis plantas de cannabis, también en un lapso mayor, más o menos en abril de este año, se podrá comenzar la plantación por clubes de consumidores y la producción masiva a través de la red de farmacias. Ante este panorama Uruguay fue la primera nación en hacer legal el uso recreativo de esta droga.

Este proyecto fue aprobado con 16 votos a favor por parte de la coalición oficialista del Frente Amplio, quienes aseveraron que uno de los beneficios es quitarle al crimen organizado este mercado. Pero para el internacionalista, plantear una reforma con este único fin es un error: esta idea de regular los mercados de drogas les quitaría un negocio, pero no les quitará otros, tampoco hará mejores a nuestros policías, ni solucionará el problema de administración de justicia. Es un paso indispensable, más no suficiente.

Por otro lado, se encuentra el panorama de Estados Unidos. El estado de Colorado comenzó la venta de marihuana en enero; a principios de marzo Washington despenalizó la posesión para uso personal del cannabis; sin embargo, el que ya no sea un delito criminal no implica una legalización en sí.

Existen diferencias en estas dos naciones y la principal radica en las leyes de ambos países. En Uruguay se implementó una ley de estatización, es decir, el estado tendrá bajo su control la regulación y control de las actividades de importación, producción y adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de la marihuana y sus derivados. Mientras que en Estados Unidos sólo se estipula la venta legal y la despenalización de la hierba para el uso recreativo.

Para el caso del Distrito Federal, el tema del cultivo no se ha tocado concretamente, porque asegura Jorge Hernández que se trata de un asunto de orden federal. La estrategia que los diputados eligieron para presentar el tema y para someter iniciativas es debatible. Tiene cosas positivas, lo que es cierto es que desde la Ciudad de México no se puede regular todo el proceso de la producción.

“Regular el cultivo, es el tema central en la reforma”, porque en la iniciativa no queda claro de dónde saldrá la marihuana que se pretende regular y “eso es algo que se tiene que ver desde el planteamiento federal. Mientras estas iniciativas no caminen parejo, habrá pocas posibilidades de ver un sistema regulatorio pronto”, confirmó el académico.

30 gramos legales 

La venta es otro de los tópicos. En el país sudamericano los uruguayos pueden acceder a un registro que los avalará como consumidores para uso recreativo o medicinal, su dosis será vendida en un máximo de 40 gramos en farmacias autorizadas. Por su parte, en los estados del país norteamericano sólo se accederá a 28 gramos en lugares que obtengan la licencia por parte del gobierno. México pasará de cinco gramos que están permitidos a 30.

Las leyes que se tienen actualmente en nuestro estado incentivan al mercado negro, expresó Hernández. Porque si la ley sorprende a algún ciudadano con cinco plantas de marihuana su castigo serán 10 años de cárcel, pero si un individuo accede a la compra ilícita y obtiene más de cinco gramos, pero menos de 5 kilos la ley probablemente le dictará 2 ó 3 años de cárcel.

“Generalmente los extremos más débiles de la cadena son el productor y el consumidor, en medio está el crimen organizado; quienes son más golpeados por la ley son el productor y el usuario”.

¿Qué hacer con los impuestos que se cobren?

En todos los lugares donde la marihuana está regulada hay beneficios económicos para la comunidad, limita el acceso y determina quién si puede, cómo puede y cómo no se puede consumir ésta. El estado de Colorado recaudó durante este primer trimestre de ventas poco más de dos millones y medio de impuestos, los cuales serán dirigidos a políticas públicas.

“El chiste es que el Estado retome el control, no que diga: ‘Esto no debería suceder’, y dejar que los delincuentes organicen el problema. Lo que es cierto es que es mucho mejor que el Estado cobre impuestos por una actividad económica que tenga bajos ingresos a que los cobre el crimen organizado con las consecuencias negativas en la sociedad”, sugirió Hernández.

Entre las acciones a seguir para obtener una reforma pertinente, es recordarle al estado que es laico y que debe examinar cuáles son las opciones en beneficio de todos y no solamente de una sección, porque su deber es proteger los derechos de una minoría, pero también proteger al resto de la sociedad, justamente ahí radica la política de drogas, explicó el presidente del CUPIHD.

“Es algo que no ha sucedido, pero qué bueno el debate internacional, nacional y local hace ahora imposible evitar esa discusión. Ya no hay vuelta atrás”, finalizó.