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Son necesarios cambios estructurales para poder ejercer de manera libre y segura el periodismo en México, y garantizar el derecho a informar a la sociedad
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Ciudad de México (N22/Perla Velázquez).- El informe anual 2017 de la organización Reporteros Sin Fronteras señaló que 39 periodistas fueron víctimas de homicidio por ejercer su labor, de ellos 12 corresponden a México. En el país, desde 1951, el 7 de junio es el Día de la Libertad de Expresión. Pero el panorama que se vive no es alentador para los periodistas. Desde el 2000, la organización Artículo 19 ha documentado 116 asesinatos, tan solo en 2017 se registraron 12, de las 507 agresiones.
En entrevista con Itzia Miravete, coordinadora de Documentación y seguimiento de Protección y defensa en Artículo 19, dijo que el espacio de ejercicio de derechos se ha ido reduciendo; particularmente la libertad de expresión y el derecho a la información por distintos actos violentos a los que se enfrenta la prensa.
Cada año la cifra de agresiones ha ido aumentando, “un año siempre es más letal en relación con el anterior y vemos cómo se van generando instituciones que no están sirviendo para proteger realmente. En lo que va del 2018 ya hemos registrado y documentado cuatro asesinatos a periodistas por su labor”.
México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo y el segundo en el mundo, después de Siria. Las amenazas y la intimidación son las agresiones más concurridas. Para contrarrestar lo que vive el país, en 2012 Artículo 19 impulsó la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y el Mecanismo federal de protección para personas defensoras y periodistas.
Este organismo es parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y funciona como una herramienta para que personas que están siendo agredidas, se sienten bajo algún riesgo o hayan tenido una amenaza puedan acudir a ellos para protección. Desde su creación hasta la fecha ha habido 253 comunicadores protegidos.
“No solamente se trata de rodear a periodistas de policías para que puedan hacer su trabajo, sino de generar cambios estructurales que permitan, que sin tener un policía a lado, puedan estar investigando e informando lo que a la sociedad le interesa”.
– ¿Cómo afecta a la sociedad que se silencie a un periodista?
– Hay intereses particulares en que la información de interés público no nos llegue. Atravesamos por un contexto de graves violaciones a derechos humanos, en donde vemos asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y las y los periodistas están haciendo una labor de investigar y de informar a la sociedad lo que está ocurriendo. Pero en ocasiones se tocan intereses y ellos son quienes tratan de evitar que la sociedad sepa toda la situación.
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En el Mecanismo se contempla la participación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para investigar, sancionar o emitir recomendaciones. Ésta es una de las claves para disminuir las actuales cifras.
“Si hay personas detenidas, si hay una sanción, si hay medidas de no repetición las agresiones van a empezar a inhibirse, van a empezar a decrecer. Si PGR y CDNH estuvieran haciendo bien su trabajo dentro del Mecanismo seguramente veríamos cómo las cifras caen. Por eso es que vemos que el problema de impunidad también trastoca y vulnera y a los periodistas”.
Contra la impunidad
La Ciudad de México es la que ocupa el lugar número uno en los casos que se han documentado de agresiones hacia periodistas en el país, sigue la lista Veracruz, Coahuila, Guerrero y Oaxaca, cada uno con casos específicos. Por ejemplo, los allanamientos y agresiones en manifestaciones son actos que sucumben a la CDMX, pero en Veracruz y Guerrero la violencia es más cruda y letal, ya que no sólo tiene impacto en quien recibe la agresión directa, sino para quien rodea al periodista, es decir, familiares o amigos.
En agosto del 2017, se reportó el décimo asesinato en lo que iba del año. Cándido Ríos, a pesar de que era parte de la protección que brinda la Secretaría de Gobernación, su voz fue silenciada en el municipio de Hueyapan de Ocampo, en Veracruz. Días más tarde, sus colegas colocaron en las escalinatas de la entrada a la Segob fotografías de Cándido a manera de protesta por la supuesta protección a su compañero.
Esta es una de las varias manifestaciones que el gremio periodístico ha hecho para exigir justicia y pedir una explicación ante la situación que se vive. Ya que Artículo 19 ha dicho que 99% de los crímenes que se comenten han quedado impunes, “y tiene que ver con una falta de voluntad, pero también de capacidades para investigar.”
“Difícilmente los Ministerios Públicos quieren relacionar una agresión con la labor de la libertad de expresión del periodista y casi siempre tienden a criminalizar, a abrir otras líneas de investigación y tratar de desvincularlo de su labor. Eso es con lo que no estamos de acuerdo, la Fiscalía surgió para dar respuesta a esa parte que se reconozca que a las y los periodistas los están asesinando por su labor”.
En Marzo de este 2018, la asociación presentó una Agenda Mínima de Libertad de Expresión para que se cree un Consejo asesor contra la impunidad, en donde participarán la sociedad civil, víctimas, expertos independientes, quienes permitan ir dibujando las nuevas formas para garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia.
“Aún falta un gran camino por recorrer para lograr consolidar una política pública integral, que realmente prevenga agresiones a periodistas y que los proteja permitiéndoles seguir ejerciendo o seguir trabajando. Lo que nos toca es ver cómo podemos ir dialogando y trabajando con periodistas para consolidar herramientas de prevención”.
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