Argentina es el único país de Latinoamérica que ha sometido a juicio atodos sus dictadores y represores

Les presentamos este ensayo sobre una parte de la historia de Argentina, país que será el invitado en la próxma FIL de Guadalajara 

Por Verónica Lugo
@bretanicsgirl
Durante la posguerra las
tensiones geopolíticas y el choque ideológico entre la Unión Soviética y
Estados Unidos llevaron al país del norte, del continente americano, a instaurar
en todos los países vecinos una forma de gobierno que garantizará el “orden” y
la “paz” de este lado del hemisferio. De este modo y con la finalidad de
combatir aquellas ideologías, Estados Unidos respaldó los golpes de estado perpetrados en Latinoamérica.Así lo aseguró el teórico estadounidense Noam Chomsky. 
Y continúa. La administración bajo la
tutela de J.F. Kennedy cimentó el camino a la reorientación de la política
exterior. Es con él (con Kennedy) que se ejecuta la invasión a Bahía de
Cochinos, donde el gobierno norteamericano no salió muy bien librado, y es
también, con él, que se  da inicio a la persecución y hostigamiento de
Jango Goulart para, posteriormente, moldear un golpe de
estado en Brasil.
La sangrienta dictadura de
Pinochet instaurada en Chile el 11 de septiembre de 1973 con la muerte de Salvador Allende fue la advertencia previa del departamento de Estado
norteamericano para el gobierno de Isabel Perón. A mediados de los años setenta
todos los países de Suramérica eran gobernados por dictaduras militares, todos,
excepto Argentina que era el único país que se mantenía bajo un régimen
democrático.
El 24 de marzo de 1976 una
junta militar integrada por general Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Messera
y el brigadier Ramón Agosti, asumió el poder en Argentina tras derrocar a la
presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Las juntas militares y
el golpe de Estado no solamente se efectuaron por la intromisión de los Estados
Unidos sino también por la adhesión implícita de las altas esferas del sector
económico de Argentina representada por religiosos, conservadores y algunos medios
de comunicación que buscaban eliminar toda forma de participación popular. (Continúa la argumentación de míster Chomsky).  
Una vez en el poder, los
militares suspendieron todo tipo de actividad política, parlamentaria y gremial e idearon un «monstruoso» esquema represivo contra los ciudadanos bajo el pretexto de mantener y hacer
prevalecer el orden, dentro del cual, se prohibieron las huelgas en el país; se
invalidaron los derechos de los trabajadores y se vedaron todo tipo de
reuniones intelectuales, al grado de llevar a cabo una quemazón colosal de
libros y revistas considerados peligrosos por el nuevo estado militar.
Es mediante esta paradoja de
legalidad dentro de la ilegalidad, que el orden militar quebrantó los derechos
humanos de los argentinos e incurrió en crímenes de todo tipo tales como la
censura a periodistas; la persecución de militantes políticos; la detención arbitraria
de líderes sindicales; la tortura y la desaparición forzada de intelectuales,
artistas y líderes estudiantiles y la substracción de menores.
A pesar de la represión que
padecían los argentinos los reclamos para el gobierno opresor no se hicieron
esperar. Las demandas de las madres de los desaparecidos fueron las primeras en
pronunciarse. Esto generó que asociaciones civiles de todo el mundo voltearan a
ver la situación por la que atravesaba en Argentina.
Es hasta el fracaso en las
Islas Malvinas que se da la caída de la dictadura de Argentina. Poco después de
perder la Guerra de las Malvinas, Reinaldo Bignone asume la presidencia de
Argentina e intenta una última jugada a favor de los militares.
Bignone destruyó todos los
archivos existentes sobre secuestro, tortura y desaparición de personas y dictó
una la ley que establecía la amnistía para todos los militares que participaron
en la represión de Argentina.
Caído el régimen dictatorial
hubo mucho que resolver en materia de derechos humanos. La sociedad argentina
exigió la aplicación de la justicia para todos aquellos militares que habían
violado la ley y cometido crímenes de lesa humanidad. El juicio a las Juntas
Militares comenzó en Argentina el 22 de abril de 1985. Sus integrantes fueron
acusados, pero no todos fueron sentenciados.
El juicio se estableció con
los datos proporcionados por la Comisión Nacional sobre Desaparición de
Personas (Conadep), en  1986, donde
fueron condenados a cadena perpetua Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo
Massera; Roberto Eduardo Viola fue sentenciado a 17 años; el almirante Armando
Ambruschini a 8 años; el brigadier Orlando Ramón Agosti a 4 años y 6 meses;  Galtieri,
Anaya y Lami Dozo fueron absueltos.
Años más tarde, el 29 de diciembre de 1990,  los
represores militares que habían sido condenados, se vieron beneficiados por la
indulgencia que dictó el ex presidente Carlos Menem y quedaron en libertad.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina volvió a
sentar en el banquillo a los acusados y dictamino nuevas sentencias. En la sala
de audiencias se les tomó declaración a más de 800 personas en una sucesión de
testimonios que exhibieron ante el mundo la escalofriante etapa de la
dictadura. 
Hoy a casi treinta años de
haber iniciado el juicio contra las Juntas Militares, Argentina es el único
país de Latinoamérica que ha sometido a juicio a todos sus dictadores
 y represores.

No obstante muchos de los
actores intelectuales que llevaron a cabo los procesos de reorganización
geopolítica de la llamada doctrina de seguridad nacional han muerto sin haber
recibido, a consideración propia, un castigo justo y a pesar de haber razones legales
sólidas de sobra para enjuiciar a ex altos mandos del gobierno norteamericano,
cuyos actos demuestran que estuvieron involucrados en esta etapa oscura que
envuelve a América Latina, han sido absueltos por la propia ley que no suele estar del lado de la justicia, ni
de la supuesta soberanía que ejerce todo países independiente, sino del poder.

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