El científico José Franco destaca algunos desafíos y retrasos que sufre el país en la ciencia, la tecnología y la innovación  

Ciudad de México (N22/Víctor Gaspar).- Un enfoque transexenal que garantice la continuidad de los proyectos y desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, es uno de los ejes de la propuesta a la Ley de Ciencia que analiza la cámara alta. Dentro de los muchos desafíos y retrasos que sufre México, el científico José Franco destaca tres.

“Uno es la inversión en ciencia, que es muy modesta en comparación con el resto de los países del mundo. Otro es que en México desafortunadamente no ha habido planeación de largo plazo y los proyectos de ciencia y tecnología necesitan mirarse en horizontes de décadas. Y eso es muy difícil hacerlo cuando hay programas que son sexenales y que desafortunadamente las iniciativas se acortan dentro de sus programas. Y el tercero, es la vinculación entre los diferentes actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación.”

José Franco compara los niveles de inversión en ciencia y tecnología que realizan países como Corea del Sur o Finlandia, por arriba de los cuatro puntos de su Producto Interno Bruto, con los que realiza México.

“En este momento la inversión en tecnología, ciencia e innovación no llega al 1% del PIB de nuestro país. Es, digamos, lo que se denomina GIDE, que es el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental, que es como del medio %, es un poquito más del medio % del PIB.” Además, plantea la necesidad de mejorar las instituciones pues, “por primera vez se plantea tener una visión de largo plazo y para los proyectos de ciencia y tecnología. Por otro lado, también, trata de vincular de una mejor manera a los actores, dotando a Conacyt de funciones y de una reestructuración. Entonces el diseño institucional de todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación, y en particular el diseño institucional de Conacyt se modifican para poder entrarle al toro en el futuro. Y si uno puede hacer una mejor vinculación entre los actores, implicaría que la iniciativa privada podría participar en consorcios público-privados con universidades e instituciones que hacen investigación para atacar problemas específicos de los sectores productivos.”